Las empresas de transporte y distribución de gas natural solicitan un aumento de tarifas del 45% para 2025

Este incremento tendría un impacto directo en las boletas finales de los usuarios, estimándose un aumento del 15% en los costos para el consumidor final.

Las principales empresas de transporte y distribución de gas natural en Argentina han solicitado al gobierno de Javier Milei la autorización para un aumento de tarifas del 45% para el año 2025.

En sus presentaciones al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), compañías como Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea han propuesto, además, un esquema de incrementos mensuales en sus ingresos para hacer frente a la inflación y asegurar la disponibilidad de fondos para futuras inversiones.

Sin embargo, existe un desacuerdo significativo entre las empresas sobre el mecanismo propuesto por Enargas para separar las tasas municipales de las facturas de gas. Este sistema busca prevenir cortes de servicio en caso de que los usuarios realicen pagos parciales. Una de las distribuidoras más grandes ha calificado esta medida como «inconveniente e innecesaria», argumentando que podría complicar la gestión del servicio y forzar a los intendentes a reducir el gasto público.

Las propuestas de las empresas serán discutidas en una audiencia pública programada para el próximo jueves 6 de febrero. Mientras tanto, el gobierno tiene la intención de establecer un límite al aumento de tarifas del 9,9% para los usuarios, por encima de la inflación, a partir de abril. Si esta postura se mantiene, las solicitudes de las empresas podrían ser rechazadas, lo que obligaría a las compañías a ajustar sus planes de inversión a una menor disponibilidad de ingresos.

El transporte de gas representa alrededor del 16% de la factura final que pagan los usuarios. Para contextualizar, el costo de producción o importación de gas abarca el 27%, el margen de distribución se sitúa en un 34%, y los impuestos constituyen un 23% del total. La situación plantea un desafío tanto para las empresas como para el gobierno, en medio de un contexto inflacionario que afecta a todos los sectores de la economía.