La Justicia profundiza la investigación a Francisco Adorni y pone la lupa sobre su crecimiento patrimonial
Por orden del juez Sebastián Casanello, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para retirar documentación vinculada al paso del funcionario por distintos cargos dentro del Estado.
La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni sumó en las últimas horas nuevas medidas que reflejan el avance de la investigación y aumentan la presión sobre el entorno del oficialismo, consignó la periodista Vanesa Petrillo (Minutouno). Los investigadores buscaron reconstruir el recorrido administrativo y patrimonial de Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Entre los documentos secuestrados figuran resoluciones de designación, historial salarial y antecedentes laborales dentro del ministerio y del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que encabezó desde junio de 2025.
La investigación judicial intenta determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante su desempeño en la función pública. En ese marco, ya se levantó el secreto bancario y fiscal del actual diputado provincial y se activó un amplio relevamiento de información financiera, tributaria y patrimonial.
El expediente, impulsado por el fiscal Guillermo Marijuán a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, apunta especialmente a la velocidad con la que Adorni habría cancelado un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos, una operación que, según el dictamen fiscal, no podría justificarse con los ingresos declarados oficialmente.
De acuerdo con la acusación, el patrimonio informado por el funcionario prácticamente se duplicó en un año. La Justicia considera que los números declarados no guardan relación con su capacidad de ahorro ni con su trayectoria previa dentro del sector público.
En ese contexto, se solicitaron informes a bancos, organismos de control y registros oficiales para rastrear movimientos de dinero, compra de bienes, operaciones cambiarias y posibles vínculos societarios. También se pidió acceso a consumos con tarjetas, cajas de seguridad, activos virtuales y transferencias realizadas en los últimos años.
El caso se produce en un momento de alta sensibilidad política para el Gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por transparencia y tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. La profundización de la causa agrega un nuevo foco de conflicto para la administración libertaria, mientras la Justicia intenta determinar si detrás del crecimiento patrimonial existieron maniobras incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
