La Justicia frena la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
La decisión judicial, que da la razón a la demanda del gremio ATE, protege los derechos laborales de los trabajadores y mantiene la vigencia de su convenio colectivo histórico.
La Justicia argentina ha dictaminado la inconstitucionalidad del Decreto 115/2025, una medida que pretendía transformar la empresa estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima.
El fallo judicial considera que los artículos 8 y 9 del decreto, impulsados por el Poder Ejecutivo, vulneran derechos fundamentales como la estabilidad en el empleo público y el principio de progresividad de los derechos laborales. El decreto buscaba forzar a la empresa a negociar un nuevo convenio en un plazo de 180 días, lo que, según el tribunal, significaba un intento de «eliminar la ultraactividad» del acuerdo vigente.
La ultraactividad de los convenios colectivos, un concepto clave en este conflicto, garantiza que las cláusulas de un acuerdo laboral sigan vigentes incluso después de su fecha de vencimiento hasta que un nuevo convenio sea firmado. La sentencia subraya que esta protección está respaldada tanto por la Ley 14.250 como por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La decisión judicial no solo detiene la privatización de YCRT, sino que también envía una señal clara sobre la protección de los derechos laborales en el país. El tribunal fue explícito al señalar que «el avance contra la ultraactividad de los convenios evidencia un ataque contra los trabajadores, forzando la aceptación de cláusulas perjudiciales y derivando en mayor precarización laboral».
El impacto de la decisión
El fallo judicial representa una victoria para los sindicatos y los trabajadores, ya que frena la aplicación de una norma que buscaba alterar la naturaleza jurídica de la empresa y sus relaciones laborales, asegurando así la continuidad de los beneficios conquistados a lo largo de los años. La sentencia refuerza la idea de que la negociación colectiva es un derecho protegido y que cualquier intento de vulnerarlo será invalidado por la Justicia.
