La Justicia frena despidos masivos en la ex AFIP y Aduana: un revés para el Gobierno de Javier Milei
La decisión, tomada por la Sala de Feria del tribunal, intima al Ejecutivo a respetar los convenios colectivos preexistentes y a “abstenerse de adoptar cualquier medida que afecte la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del organismo recaudador”.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha dictado un fallo que frena la implementación de los 3.155 despidos anunciados por el Gobierno nacional en la ex AFIP y en la Aduana.
La sentencia, que fue firmada por los jueces Gabriel De Vedia, Roberto Pompa y Mario Fera (quien votó en disidencia), revoca una resolución de primera instancia y da lugar al reclamo del gremio AEFIP, que había presentado el recurso contra los despidos masivos. Este fallo representa un golpe al plan de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, cuyo vocero, Manuel Adorni, había anunciado los despidos como parte de un proceso de ajuste y recorte en el sector público.
El fallo no solo afecta a los empleados de la ex AFIP, sino también al personal de la Aduana, representado por el gremio SUPARA. La Cámara de Apelaciones consideró que los trabajadores de ambos sectores están comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo, por lo que la Justicia del Trabajo es competente para entender en la causa. En este sentido, se rechazó el argumento del Gobierno de que la Justicia no debía intervenir, ya que ambos gremios se encuentran bajo el marco de dichos convenios.
El conflicto comenzó cuando el Gobierno anunció su plan de reestructuración de la ex AFIP, que implicaba una reducción del 15% de la plantilla laboral, lo que se traducía en alrededor de 3.155 despidos. Los gremios AEFIP y SUPARA argumentaron que estos despidos constituían cesantías sin causa, lo cual violaba los convenios colectivos de trabajo y no estaba previsto en la normativa.
A pesar de la existencia de la figura de la prejubilación, que permite a los empleados acogerse a una salida anticipada con 20 sueldos adicionales, el gremio AEFIP reportó una “ola de pedidos de jubilación” que hasta la fecha alcanzó a alrededor de 1.500 empleados. Por su parte, el sindicato de empleados jerarquizados UPSAFIP elevó esa cifra a 1.700.
El Gobierno había extendido, por otro lado, hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos vinculados a la negociación salarial en el Sector Público Nacional. La medida, que busca «optimizar recursos» y «garantizar la equidad salarial», se enmarca dentro de la política de reducción del gasto público, que incluye la postergación de la recomposición salarial de los estatales nacionales.
El fallo judicial se convierte en un obstáculo significativo para los planes del Ejecutivo de continuar con su política de ajuste, destacando la creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, que defienden los derechos laborales de los trabajadores públicos. Este revés en los tribunales podría implicar una reconfiguración de la estrategia de reestructuración planteada por la Casa Rosada en el sector público.
