La Justicia Federal investiga las sospechosas contrataciones en el Ministerio de Capital Humano
La investigación sobre las contrataciones en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, avanzó tras una denuncia que llegó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4.
La causa se centra en el uso de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para realizar contrataciones que han sido cuestionadas, especialmente después de que se descubriera que un grupo de rugbiers del colegio La Salle estaba involucrado en el proceso de facturación a través de este mecanismo.
Esta situación se destapó tras una solicitud de acceso a la información realizada por InfoGremiales hace casi tres meses. El pedido incluía una solicitud para obtener detalles sobre las nóminas y los criterios utilizados para contratar personal sin controles adecuados, a pesar de los recortes sistemáticos en la planta estatal.
En respuesta a la solicitud, el Ministerio de Capital Humano explicó que, debido a una investigación interna realizada el 31 de mayo, se presentó una denuncia penal para abordar las cuestiones relacionadas con el tema. La causa está siendo gestionada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, con la intervención de la Fiscalía Federal Nº1, dirigida por el Dr. Ramiro González.
El ministerio, en su comunicación a InfoGremiales, indicó que el caso, denominado Coirón Nro. 124429/2024, está siendo examinado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS). Aseguraron que la divulgación de documentación relacionada con la investigación podría entorpecer el proceso judicial y afectar los derechos de las personas involucradas.
Los convenios con la OEI suelen destinarse a proyectos en áreas como educación, cultura y ciencia. Sin embargo, la investigación reveló que fondos destinados a estos proyectos podrían haber sido mal utilizados. Se identificó que algunas personas en la lista de facturaciones, con montos que oscilan entre 600.000 y 1.400.000 pesos, no tenían funciones en el ministerio, lo que sugiere la presencia de «ñoquis» o empleados ficticios.
