La Justicia exige explicaciones a Pettovello por la falta de convocatoria al Consejo del Salario y abre un frente judicial al Gobierno
La intimación a Pettovello, más que un trámite administrativo, se convierte así en un test sobre los límites del poder ejecutivo frente a las instituciones laborales y en un recordatorio de que el salario mínimo sigue siendo una cuestión de Estado, no solo de mercado.
La decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N°10 de intimar al Ministerio de Capital Humano para que explique por qué no ha convocado al Consejo del Salario en más de seis meses representa un nuevo foco de tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
La medida, dictada tras una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, obliga a la ministra Sandra Pettovello a responder en un plazo de tres días sobre una omisión que, según las centrales sindicales, vulnera derechos constitucionales básicos.
El reclamo de los gremios, encabezado por Hugo Godoy y Hugo Yasky, apunta a la parálisis del organismo tripartito encargado de definir el salario mínimo, vital y móvil, cuya reunión está estipulada por ley cada dos meses. Desde febrero, el Consejo no ha sido convocado, y el último ajuste del salario mínimo se realizó mediante una resolución unilateral del propio Ministerio de Capital Humano, sin acuerdo con las partes.
El trasfondo del conflicto es político e institucional. La ausencia del Consejo del Salario revela la estrategia del Gobierno de Javier Milei de concentrar las decisiones económicas en el Poder Ejecutivo, reduciendo los espacios de negociación social. En ese sentido, la resolución judicial no solo interpela a Pettovello, sino que marca un límite legal a la discrecionalidad con la que el oficialismo ha intentado administrar la política salarial.
Las CTA sostienen que el salario mínimo vigente “no cumple con los parámetros de legalidad ni garantiza un nivel de vida digno”, en contraposición con lo establecido en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Con esta resolución, la Justicia reintroduce en la agenda pública el debate sobre el papel del Estado en la fijación de las condiciones laborales y abre un flanco judicial que podría obligar al Gobierno a restablecer instancias de diálogo social que hasta ahora ha evitado.
