La Justicia avanzó sobre el patrimonio de Cristina Kirchner y embargó el departamento donde cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso una nueva serie de embargos preventivos y medidas cautelares en el marco de la ejecución de la condena dictada en la Causa Vialidad, y entre los bienes alcanzados figura el departamento de San José 1111, domicilio donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.

El inmueble está registrado a nombre de Los Sauces S.A., una de las sociedades inmobiliarias vinculadas a la familia Kirchner, y fue incorporado al conjunto de activos sobre los que la Justicia busca asegurar el eventual recupero de los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar en la sentencia.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que la decisión no implica una venta inmediata, una subasta ni un cambio en la titularidad registral del departamento. La medida tiene carácter preventivo y apunta a impedir que los bienes puedan ser transferidos, vendidos o afectados mientras continúa el proceso destinado a definir el decomiso definitivo.

No obstante, la inclusión del inmueble abrió interrogantes sobre el futuro del lugar donde Cristina Kirchner cumple la condena, ya que cualquier definición patrimonial posterior podría obligar a revisar su situación habitacional, aunque el tribunal no adoptó por ahora ninguna resolución en ese sentido.

Una nueva etapa de ejecución patrimonial

La resolución forma parte de una segunda etapa del proceso de ejecución de bienes derivados de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En una primera instancia, el fiscal Diego Luciani había solicitado el decomiso de 111 propiedades, pedido que fue posteriormente avalado por el TOF 2. Entre esos bienes se incluyeron 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis activos correspondientes a los restantes condenados.

Esa decisión fue confirmada en febrero por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque tanto Cristina Kirchner como Báez apelaron ante la Corte Suprema, que aún debe resolver los recursos pendientes.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 avanzó ahora sobre un segundo grupo de 144 bienes, integrado por inmuebles, vehículos y participaciones accionarias en distintas sociedades.

Entre los activos alcanzados también fueron incorporados cinco millones de dólares que Florencia Kirchner mantenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

El fundamento del tribunal

Los magistrados sostuvieron que las medidas cautelares se apoyan en las conclusiones de la sentencia condenatoria, según las cuales la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública en Santa Cruz generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

De acuerdo con el fallo, durante el período investigado —entre 2003 y 2015— existió una relación económica y comercial acreditada entre las empresas de Báez y los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner.

En ese contexto, las firmas del empresario patagónico alquilaron habitaciones, explotaron establecimientos turísticos y realizaron obras y construcciones en propiedades vinculadas a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., lo que, según el tribunal, permitió que parte de los fondos obtenidos mediante la maniobra investigada quedara incorporada a activos de esas sociedades.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que habilita a extender el decomiso a personas jurídicas o sociedades que hayan obtenido beneficios provenientes de un delito, así como a bienes transferidos gratuitamente a terceros.

Con esta decisión, el TOF 2 mantiene en marcha el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad, mientras la Corte Suprema conserva la última palabra sobre la validez definitiva de las medidas de decomiso ya confirmadas por la Casación.