La Justicia de Nueva York frena la entrega del 51% de YPF y respalda la apelación argentina
La medida, adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, asegura que la Argentina mantenga el control mayoritario de la petrolera mientras se desarrolla el proceso de apelación contra la sentencia que, en septiembre de 2023, condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses.
La Justicia de Nueva York suspendió de manera provisoria la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino debía transferir, según lo dispuesto por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio.
La decisión, firmada por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe, se tomó junto con la autorización para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos participe como amicus curiae en respaldo de la posición argentina. Este apoyo refuerza la estrategia de defensa oficial y busca ganar tiempo en un litigio con implicancias económicas y estratégicas de gran magnitud.
Fuentes de la Procuración del Tesoro celebraron el fallo al considerar que representa “un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”. También remarcaron que, por primera vez en más de una década de disputa, el Estado estaría desplegando una defensa integral: “Durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina ejerce plenamente su derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles”.
El juicio, iniciado en 2015 por el fondo Burford Capital, no cuestiona la legalidad de la expropiación de YPF realizada en 2012, sino la omisión del Estado argentino de efectuar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de la compañía. Burford, especializado en la compra de derechos de litigio, adquirió la demanda y se convirtió en el principal beneficiario de un fallo que, de quedar firme, implicaría uno de los pagos más elevados de la historia judicial contra el país.
Con esta suspensión, el tribunal optó por la alternativa menos disruptiva de las tres que tenía a disposición: mantener el freno a la entrega de acciones, levantarlo u ordenar su cesión inmediata. Si bien la decisión no resuelve el litigio de fondo, le permite a la Argentina conservar el control sobre un activo considerado clave para su soberanía energética, mientras se extiende una apelación que podría prolongarse durante meses.
