La Justicia avanza contra Lilia Lemoine por ataques públicos a un niño con autismo crítico del Gobierno
La diputada nacional Lilia Lemoine fue citada a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga sus expresiones públicas contra Ian Moche, el joven de 12 años que se volvió una voz visible en temas de discapacidad y cuestionó públicamente políticas del gobierno de Javier Milei.
La medida fue impulsada por el fiscal porteño Hernán Biglino, quien convocó a la legisladora libertaria para el próximo 28 de mayo. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y actualmente enfrentada con el oficialismo.
La investigación apunta a determinar si Lemoine incurrió en conductas encuadradas como “maltrato” dentro del Código Contravencional porteño, figura vinculada a hostigamientos, humillaciones y ataques a la dignidad de una persona. La causa toma especial relevancia por tratarse de un menor de edad con diagnóstico dentro del espectro autista, condición que podría agravar una eventual sanción.
El expediente judicial se centra en una serie de declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales en las que la diputada cuestionó tanto el diagnóstico del niño como el accionar de su madre, Marlene Florencia Spesso. En una entrevista televisiva, Lemoine sostuvo que al menor lo hacían “actuar de autista” y lanzó descalificaciones personales contra su entorno familiar.
Además, vinculó la exposición pública de Ian Moche con un supuesto uso político y económico ligado al kirchnerismo, declaraciones que generaron fuerte rechazo social e incomodidad incluso dentro del propio espacio mediático donde fueron pronunciadas.
Lejos de retroceder, la legisladora profundizó luego sus acusaciones a través de redes sociales, donde insistió en señalar a la madre del niño por una supuesta utilización de la imagen de su hijo para obtener visibilidad pública y beneficios económicos. Aunque intentó despegarse de ataques directos al menor, sus publicaciones terminaron ampliando la polémica y derivaron en la intervención judicial.
En paralelo, la defensa de Lemoine cuestionó la legitimidad de Spesso para actuar como querellante en representación de su hijo, un planteo que será tratado en una audiencia posterior.
El caso vuelve a poner en discusión los límites del discurso político y mediático, especialmente cuando involucra a menores de edad y personas con discapacidad, en un contexto donde referentes oficialistas han sido cuestionados reiteradamente por el tono agresivo y confrontativo de sus intervenciones públicas.
