El Gobierno acelera la entrega de AySA al capital privado y avanza con la venta del control estatal

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para licitar el 90% de las acciones que hoy permanecen bajo control del Estado.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desguace de empresas públicas y avanzará con la privatización de AySA, la compañía encargada del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La operación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”, y profundiza el modelo impulsado por la administración de Javier Milei, orientado a reducir la participación estatal en áreas estratégicas y abrir servicios esenciales al capital privado.

Desde el oficialismo sostienen que la incorporación de un “operador estratégico” permitirá mejorar inversiones, ampliar la red y optimizar la prestación del servicio. A través de sus redes sociales, Caputo defendió la iniciativa bajo el argumento de que el Estado debe abandonar el uso de empresas públicas como “cajas políticas” y concentrarse en generar condiciones para la inversión privada.

Sin embargo, el avance de la privatización reabre interrogantes sobre el futuro tarifario, el acceso universal al servicio y el margen de control estatal sobre un recurso esencial como el agua. La experiencia de concesiones anteriores en el país dejó antecedentes marcados por aumentos de tarifas, conflictos por inversiones incumplidas y deterioro en la calidad de prestación.

El esquema diseñado por el Gobierno prevé que al menos el 51% del paquete accionario quede en manos de un operador privado seleccionado mediante licitación nacional e internacional, mientras que el resto podría ser colocado en el mercado financiero. La ingeniería oficial apunta a maximizar el atractivo de la empresa para potenciales inversores.

A fines de abril, el Ejecutivo ya había aprobado el nuevo modelo de contrato de concesión para el servicio de agua y cloacas en el AMBA. Aunque formalmente se mantiene el sistema actual, el nuevo marco redefine las reglas del sector y amplía facultades para el futuro concesionario privado, un movimiento interpretado como el andamiaje jurídico previo a la transferencia del control empresarial.

El contrato también obliga a cumplir con el denominado “Plan de Acción de Transición 2024-2026”, cuyas metas deberán incorporarse al primer esquema tarifario previsto entre 2027 y 2031. Allí aparece uno de los puntos más sensibles del proceso: el equilibrio entre rentabilidad empresaria, exigencias de inversión y capacidad de pago de los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en que la privatización garantizará “eficiencia, transparencia y competencia”, sectores sindicales y especialistas advierten que la lógica de mercado aplicada a servicios públicos esenciales suele trasladar costos a los usuarios y reducir la capacidad estatal de regulación efectiva.

Con los pliegos a punto de publicarse, el foco del mercado estará puesto en dos variables centrales: qué nivel de aumentos tarifarios habilitará el nuevo esquema y cuáles serán las obligaciones reales de inversión que deberá asumir el futuro operador privado.