La industria del calzado al borde del colapso: perdió 10.000 puestos en tres años

La crisis ya impulsó la planificación de una movilización conjunta de trabajadores y empresarios ante la Secretaría de Comercio, junto con campañas para promover el consumo de calzado fabricado en el país.

La industria del calzado bonaerense atraviesa una crisis profunda, marcada por el retroceso del consumo interno, el avance de las importaciones y el contrabando. En apenas tres años, el sector perdió cerca de 10.000 empleos formales y alrededor de un centenar de empresas en todo el país cerraron sus puertas.

Frente a este escenario, la Legislatura bonaerense analiza declarar la emergencia por un año, en un intento por contener el deterioro de una actividad que tiene un peso central en la economía y el empleo industrial de la provincia.

Los números reflejan la magnitud del retroceso. En territorio bonaerense se perdieron el 43,3% de los puestos de trabajo del sector y cerraron 147 establecimientos, una cifra que representa el 60,5% de los cierres registrados a nivel nacional.

El panorama expone las dificultades de una industria que enfrenta una combinación de menor demanda, costos operativos y competencia de productos importados, en un contexto que pone en discusión la capacidad de supervivencia de numerosas fábricas nacionales.

La Matanza, el epicentro de la crisis

El impacto golpea con especial fuerza a La Matanza, distrito que concentra más de la mitad de las empresas de calzado del país. Localidades como Lomas del Mirador, San Justo, Ramos Mejía y La Tablada, históricamente vinculadas con la producción y el empleo industrial, padecen las consecuencias de la contracción de la actividad.

Durante el segundo semestre de 2025, la producción del sector en ese municipio cayó un 48% en comparación con el mismo período del año anterior. Desde noviembre de 2023, además, se contabilizan 4.859 puestos de trabajo menos.

Las cifras dan cuenta de un proceso que no se limita a una retracción comercial: detrás de cada fábrica que reduce su producción o cierra sus puertas hay trabajadores que pierden sus ingresos, comercios que venden menos y comunidades que ven debilitada su estructura económica.

Lito Albano, titular de la marca Luna Chiara, describió la gravedad de la situación al señalar que las ventas se encuentran muy por debajo de los niveles necesarios para sostener los costos básicos de funcionamiento. Su testimonio refleja las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para afrontar una caída persistente de la demanda, mientras deben mantener sus establecimientos y sus obligaciones operativas.

El secretario adjunto de UTICRA, Horacio Jerez, atribuyó parte del deterioro a la caída del consumo y al ingreso de calzado procedente de Bangladesh y China, además del contrabando que, según denunció, ingresa por los pasos fronterizos del norte argentino.

Uno de los sectores más afectados es el del calzado deportivo, cuyo empleo cayó un 76,1%: pasó de 1.621 puestos de trabajo a apenas 387. El cierre de la planta de DASS en Coronel Suárez, dedicada a la fabricación de zapatillas deportivas, expuso las consecuencias sociales de este proceso en una localidad cuya actividad económica estaba estrechamente ligada a la empresa.

Importaciones, contrabando y caída del consumo

A la retracción del mercado interno se suma una competencia informal que, de acuerdo con las estimaciones citadas por el sector, moviliza alrededor de seis millones de pares de calzado por año y representa un circuito comercial de unos 156 millones de dólares sin tributación. El problema plantea un desafío para los controles aduaneros y fiscales, pero también para la industria formal, que debe competir en condiciones desiguales.

En este contexto, la producción sectorial registró una caída interanual del 23,7% durante el último semestre informado. La combinación de menos ventas, reducción de la producción y pérdida de puestos de trabajo configura un escenario que amenaza con profundizar el retroceso industrial si no se modifica la tendencia.

Ante la gravedad del cuadro, el diputado bonaerense Facundo Tignanelli presentó un proyecto para declarar la emergencia de la industria del calzado durante un año. La iniciativa contempla beneficios impositivos, protección frente a los cortes de servicios por falta de pago, prioridad para los fabricantes bonaerenses en las compras estatales y medidas destinadas a combatir el ingreso irregular de mercadería.

En el Congreso Nacional, la diputada Luciana Potenza impulsó una propuesta complementaria que incluye la derogación del Decreto 236/2025, mediante el cual se redujeron del 35% al 20% los aranceles de importación del calzado.

Las iniciativas buscan ofrecer un alivio a las empresas y preservar el empleo, aunque su alcance dependerá de las medidas que finalmente se aprueben y de su capacidad para revertir las condiciones que atraviesa el sector. La discusión también pone sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta qué punto la apertura comercial puede sostenerse sin instrumentos que permitan a la producción nacional competir en condiciones equilibradas.