El mayor fracaso del gobierno: con la reforma laboral se perdieron 12.500 puestos en julio

Sin señales claras de recuperación productiva y de creación de puestos de calidad, la estabilidad corre el riesgo de convivir con un mercado laboral más frágil, mayor informalidad y una creciente incertidumbre para los trabajadores.

El empleo asalariado formal del sector privado continúa en retroceso y acumula 14 meses consecutivos de caída. En julio, se perdieron otros 12.716 puestos de trabajo respecto del mes anterior, mientras que el saldo negativo de lo que va del año asciende a 134.034 empleos, una contracción del 2,2%.

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) exponen las dificultades del mercado laboral para recuperarse, a siete meses de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El deterioro del empleo registrado plantea interrogantes sobre los resultados de la política económica y la capacidad de las modificaciones normativas para estimular la contratación. Mientras el oficialismo defiende la estabilización macroeconómica y la desaceleración inflacionaria como señales de recuperación, la evolución del trabajo formal muestra una realidad más compleja: las empresas siguen reduciendo sus plantillas y la generación de nuevos puestos no alcanza para compensar las bajas.

Industria, construcción y comercio, entre los sectores más afectados

La caída del empleo se extendió a distintas ramas de la economía, aunque el impacto fue particularmente fuerte en actividades vinculadas con la producción y el mercado interno. La construcción encabezó las pérdidas mensuales, con una baja del 0,6%, seguida por la intermediación financiera, que retrocedió un 0,4%.

La industria manufacturera, el comercio, el transporte y los sectores de hoteles y restaurantes registraron disminuciones del 0,3% en cada caso. En la comparación interanual, la intermediación financiera acumuló una contracción del 4,8%, la industria manufacturera cayó un 4,4% y el comercio perdió un 3,4% de sus puestos de trabajo.

Estas cifras reflejan que las dificultades no se limitan a una actividad específica. La pérdida de empleo en sectores que generan una importante cantidad de puestos registrados evidencia las consecuencias de una economía en la que numerosas empresas enfrentan problemas para sostener sus niveles de actividad. La construcción, por su parte, continúa expuesta al freno de proyectos y a la debilidad de la inversión, mientras la industria y el comercio padecen las restricciones de un mercado interno que no logra consolidar una recuperación sostenida.

Una crisis laboral que atraviesa a casi todo el país

El deterioro también se refleja en el mapa federal. En la comparación interanual a julio de 2026, 21 de las 24 jurisdicciones registraron caídas del empleo asalariado privado. Tierra del Fuego encabezó las pérdidas, con un retroceso del 12,6%, seguida por Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%).

En contraste, Neuquén mostró un crecimiento del 6,4%, Río Negro avanzó un 4,8% y San Juan registró una mejora del 0,5%. Estos resultados positivos, vinculados en buena medida con actividades específicas como la explotación hidrocarburífera, no alcanzan para compensar la contracción generalizada del empleo registrado.

La amplitud geográfica de las caídas constituye una señal de alerta. No se trata únicamente de dificultades concentradas en una región o en un sector productivo, sino de un fenómeno que alcanza a la mayoría de las provincias y amenaza con profundizar las desigualdades territoriales. Allí donde la actividad económica depende de la industria, el comercio o la construcción, la pérdida de puestos formales repercute también sobre el consumo, los ingresos familiares y las economías locales.

Más inscriptos en el monotributo, pero menos empleo asalariado

La evolución de las distintas modalidades laborales muestra, además, un mercado de trabajo cada vez más heterogéneo. Mientras el empleo asalariado privado perdió puestos, el sector público sumó 4.723 empleos en lo que va del año, un incremento del 0,1%, aunque en la comparación interanual registró una caída de 22.681 puestos (-0,7%).

El trabajo en casas particulares incorporó 2.159 empleos, mientras que el monotributo sumó 58.778 inscriptos en los últimos doce meses, un crecimiento del 2,7%. Sin embargo, el aumento de los registros bajo esta última modalidad no necesariamente implica una expansión equivalente del empleo estable: puede incluir actividades independientes, trabajos de ingresos variables y personas que buscan alternativas ante la falta de oportunidades asalariadas.

A su vez, el relevamiento indicó que en agosto el empleo privado formal se mantuvo estable en los principales aglomerados urbanos por segundo mes consecutivo. No obstante, esa pausa en las caídas no estuvo acompañada por una recuperación significativa de las contrataciones, lo que limita las posibilidades de revertir el deterioro acumulado.

Una mejora salarial que no alcanza para revertir el deterioro

El informe del SIPA también registró un aumento del 1,3% en los salarios reales promedio respecto del mes anterior, según la medición desestacionalizada. Aunque el dato representa una mejora puntual, no elimina la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 ni resuelve el problema central de quienes quedaron fuera del empleo registrado.

La evolución de los ingresos debe analizarse junto con la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo disponibles. Una mejora salarial promedio puede convivir con despidos, dificultades para conseguir empleo y una mayor dependencia de modalidades laborales con menor estabilidad. Por eso, el dato positivo no alcanza, por sí solo, para hablar de una recuperación integral del mercado laboral.

La reforma laboral, bajo la presión de los resultados

A siete meses de la reforma laboral, la persistencia de la caída del empleo formal vuelve inevitable el debate sobre sus resultados. La modificación de las reglas de contratación no se tradujo, hasta el momento reflejado por estas cifras, en una expansión sostenida del trabajo asalariado privado.

Esto no demuestra por sí solo que la reforma sea la causa de la destrucción de puestos, pero sí pone en cuestión la expectativa de que los cambios normativos bastarían para impulsar el empleo sin una recuperación más firme de la actividad económica, la inversión y la demanda.

Con 134.034 puestos privados registrados menos en lo que va del año y retrocesos en 21 provincias, el desafío del Gobierno va más allá de exhibir indicadores de estabilidad macroeconómica. La desaceleración de los precios puede ser un objetivo relevante, pero su impacto social resulta limitado si no se traduce en más producción, mejores ingresos y nuevas oportunidades laborales.