La economía crece y Molinos Río de la Plata anunció mas despidos y la imposición de una rebaja salarial
El contraste no podría ser más brutal: mientras la actividad repunta en varios sectores, los trabajadores de esta histórica firma alimenticia enfrentan un ajuste que parece anticipar una reforma laboral de hecho.
En un contexto donde el Gobierno celebra datos de crecimiento económico, la empresa Molinos Río de la Plata avanza con despidos, presiones para bajar salarios y prácticas que apuntan, según denuncian los delegados gremiales, a desarticular la representación sindical en su planta de Esteban Echeverría.
Luciano Greco, delegado del Sindicato de la Alimentación (STIA), describió un escenario alarmante: la empresa no cumple con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y mantiene bloqueado el ingreso de los empleados despedidos. Además, impulsa una reducción salarial con la amenaza explícita de cerrar la planta si los trabajadores no aceptan.
“Nos extorsionan”, denunció Greco, advirtiendo que detrás del argumento de la competitividad se esconde un intento de precarizar condiciones laborales y quebrar la negociación colectiva. Desde la Comisión Interna sostienen que Molinos está ensayando una “segunda etapa de reforma laboral y sindical”, eliminando adicionales de convenio y forzando la contratación de personal más vulnerable y desorganizado sindicalmente.
El conflicto, iniciado en mayo con despidos y reducción de personal, se profundizó en junio con seis cesantías adicionales que derivaron en un paro por tiempo indeterminado. La empresa, mientras tanto, incrementó los ritmos de producción con menos trabajadores, lo que según denuncias del sindicato pone en riesgo la seguridad, la higiene y la salud dentro de la planta.
En este marco, la ofensiva de Molinos Río de la Plata no es un hecho aislado: refleja un clima político que habilita recortes de derechos laborales y la flexibilización de condiciones, alineado con la orientación del Gobierno nacional. En los hechos, esta estrategia tensiona la convivencia democrática en el mundo del trabajo, al desconocer no solo las herramientas legales —como la conciliación obligatoria— sino también el diálogo social como vía de resolución de conflictos.
La paradoja es que, mientras la economía muestra señales de recuperación y rebote en la actividad, el ajuste recae sobre los asalariados, reinstalando la lógica de que la competitividad empresarial solo se logra licuando derechos laborales. La experiencia de Molinos podría ser la antesala de un modelo de relaciones laborales donde la ganancia se prioriza sin contemplar el costo humano ni la estabilidad social.
El conflicto permanece abierto, con un paro sostenido, protestas en la puerta de la planta y el reclamo de reincorporación inmediata de los despedidos. Para los trabajadores, la pulseada es mucho más que salarial: se juega la defensa de la organización sindical y la vigencia de condiciones mínimas de trabajo digno en la Argentina del ajuste.
