Justicia estadounidense define un fallo clave sobre el futuro de YPF en medio de tensiones por soberanía y deuda

Este episodio, más allá de su resolución inmediata, vuelve a exponer la tensión entre la justicia estadounidense y los márgenes de decisión de la Argentina sobre sus recursos estratégicos, un terreno donde lo legal, lo político y lo económico se entrelazan con consecuencias de largo alcance.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definirá este martes si el Estado argentino debe cumplir con la orden de la jueza Loretta Preska que exige entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte del pago de una indemnización fijada en 16.100 millones de dólares más intereses.

La decisión también abarcará si se mantiene la suspensión temporal que hoy impide esa transferencia, si se levanta o si se obliga a la Argentina a presentar una nueva garantía.

El caso, que enfrenta a la Argentina con dos fondos de inversión que compraron los derechos de litigio contra el país, no es solo una disputa comercial: se trata de un conflicto que pone en juego la soberanía jurídica y el control de la principal empresa petrolera nacional. Desde el Gobierno argentino sostienen que Preska se excedió en sus facultades, ya que las acciones en cuestión están registradas en la Caja de Valores y su eventual expropiación solo podría decidirse con la aprobación del Congreso por mayoría especial de dos tercios, conforme a la legislación interna.

En su defensa, la Argentina advirtió sobre el riesgo de un daño irreversible: si las acciones se entregan antes de que se resuelva la apelación de fondo y los nuevos dueños deciden venderlas, “no se puede poner al genio de vuelta en la botella”. La estrategia oficial apunta a evitar que un tribunal extranjero determine la disposición de activos estratégicos bajo el argumento de que no es un juicio entre empresas privadas, sino un litigio que involucra a un Estado soberano.

El fallo de la Cámara será determinante no solo para las finanzas públicas, sino también para el futuro control de YPF y el alcance de las decisiones judiciales extranjeras sobre patrimonio público argentino. Si la suspensión se levanta, la entrega de las acciones podría ejecutarse de inmediato, generando un escenario que los abogados del país califican como “irreparable” para los intereses nacionales.