Javier Milei acelera su propia ley de financiamiento universitario para marzo
La administración de Javier Milei pretende que su nuevo proyecto sea aprobado en la primera quincena de marzo, inmediatamente después de la apertura de sesiones ordinarias.
Impulsado por el avance parlamentario de su reforma laboral, el Gobierno ahora apunta a un objetivo políticamente más sensible: redefinir el financiamiento de las universidades nacionales bajo la premisa del “déficit fiscal cero”.
La iniciativa, ingresada en la Cámara de Diputados, propone reformular la Ley 27.795, que había sido sancionada por el Congreso y ratificada con mayoría agravada tras el veto presidencial. El nuevo texto busca ajustar los criterios de actualización presupuestaria para alinearlos estrictamente con la meta fiscal del Ejecutivo.
El corazón del proyecto: inflación y control presupuestario
El punto neurálgico se encuentra en la modificación del artículo 3°. Allí se establece que los gastos de funcionamiento universitario se actualizarán según la inflación media, tomando como referencia el índice oficial del INDEC, con un piso vinculado al 14,3% anual —el promedio utilizado para la elaboración del Presupuesto 2026—.
En términos prácticos, si la inflación supera ese porcentaje, las partidas destinadas a funcionamiento, hospitales universitarios y ciencia y técnica deberán ajustarse para sostener el incremento real. El Gobierno busca así evitar desfasajes que erosionen el poder de compra, pero sin apartarse de la disciplina fiscal.
La tensión política radica en que sectores universitarios y opositores cuestionan la autonomía técnica del organismo estadístico y temen que el mecanismo derive en una actualización por debajo de la inflación real, profundizando el ajuste.
Refuerzo para hospitales y recomposición salarial diferida
El proyecto también prevé un refuerzo específico de más de $80.000 millones para hospitales universitarios, una señal dirigida a uno de los sectores más sensibles del sistema académico, que combina formación, investigación y atención sanitaria.
En materia salarial, se establece una recomposición correspondiente a 2025 que se pagará en 2026, distribuida en tres incrementos del 4,1% (marzo, julio y septiembre), acumulando un 12,3% sobre los básicos vigentes a diciembre de 2025. Además, el Ejecutivo quedaría obligado a convocar paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses.
Disputa política y estrategia legislativa
La redacción del proyecto estuvo a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y del subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, vinculado a la agrupación Las Fuerzas del Cielo que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el plano político, el Gobierno intenta capitalizar el impulso legislativo que le dio el tratamiento de la reforma laboral para instalar la idea de que también puede imponer su agenda en el ámbito universitario, uno de los focos más activos de resistencia durante el último año.
La discusión no será meramente técnica. Se trata de una disputa de fondo sobre el modelo de financiamiento del sistema público de educación superior: mientras el oficialismo sostiene que busca garantizar previsibilidad sin comprometer el equilibrio fiscal, rectores, gremios y estudiantes advierten que el esquema podría consolidar un ajuste estructural.
Marzo, entonces, no solo marcará el inicio formal del período legislativo. También podría convertirse en el escenario de una nueva pulseada entre el Gobierno y el sistema universitario, con impacto político y simbólico que excede el debate presupuestario.
