Impulsan una ley para que el salario mínimo sea equivalente a la canasta básica del INDEC

El proyecto de legisladores del peronismo busca equiparar el valor del ingreso base con lo que se necesita actualmente para no caer bajo la línea de la pobreza. De aplicarse, en la actualidad se debería cuadriplicar el valor actual. Respaldo de los gremios que alertan sobre la pérdida salarial creciente en la era Milei.

Por Diego Lanese*

Cuando esta semana el Frente de Sindicaros Unidos (FreSU) presentó los daros del salario pretendido para los trabajadores, argumentó que el cálculo se hace para conseguir “los estándares de vida que establece la legislación laboral argentina”.

Es que pese a que en estos tiempos se olvide, sobre todo por el gobierno nacional, en la legislación del país existen normas que establecen que los ingresos deben garantizar acceder a cuestiones consideradas básicas, no sólo tener un carácter de subsistencia, como la crisis actual de ingresos establece.

Esta es la base por la que las centrales obreras plantean la necesidad de soluciones para los endeudados, que llegaron a esa situación no porque no cumplieron “un acuerdo entre privados”, sino porque sus sueldos no están cumpliendo con esta legislación.

Para reforzar esta idea, un grupo de diputados nacionales ingresó un proyecto que propone “transformar de manera estructural” la fórmula de cálculo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para conseguir que ningún trabajador con jornada completa perciba un monto inferior a la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que marca la línea de pobreza, para un hogar tipo de cuatro integrantes. Los gremios piden “audacia” para conseguir que se apruebe la normativa.

La iniciativa legislativa fue llevada a la cámara baja por la pampeana Varinia Lis Marín, y cuenta con el respaldo de un importante número de diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria (UP). En esencia, lo que busca la propuesta es transformar el artículo 140 de la Ley 24.013 de Empleo, que rige actualmente las relaciones laborales.

De acuerdo a la propuesta legislativa, a la que tuvo acceso Data Gremial, este ítem de la ley establecerá que “todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, tendrán derecho a percibir una remuneración no inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil que se establezca de conformidad a lo preceptuado en esta ley”.

El cambio radica en que este ingreso “para trabajadores de jornada completa en ningún caso podrá ser inferior al valor de la última Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes correspondiente al gran Buenos Aires publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”. Con este sencillo cambio, se debería aumentar el actual valor varias veces.

El proyecto de ley está en la actualidad en la comisión de Legislación del Trabajo para su análisis técnico. En sus argumentos se recuerda que la propuesta aspira a “recuperar la eficacia de un instrumento que debe ser crucial para los derechos salariales de los trabajadores argentinos”.

“El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador retribución justa y Salario Mínimo Vital Móvil, entre otros derechos reconocidos”, se resaltó en la propuesta, que cuenta con el aval de los diputados Abelardo Ferrán, Jorge Neri Araujo Hernández, Carlos Daniel Castagneto, Gabriela Pedrali, Nancy Sand, Martín Aveiro, Jorge Chica, Pablo Todero, María Graciela Parola, Juan Carlos Molina, Cristian Andino, Hilda Aguirre, Luis Eugenio Basterra y Lorena Pokoik.

El debate sobre la distancia entre el mínimo y el costo de vida se profundizó en los últimos meses al contrastar la disparidad de las cifras actuales. “Estimamos que el salario mínimo debe necesariamente vincularse a los índices de indigencia y pobreza elaborados por el INDEC, ya que resulta injustificable la existencia de trabajadores, máxime si se encuentran en condiciones de formalidad, por debajo de esos umbrales”, insistió en sus argumentos el proyecto de ley.

Dispersiones
Este mes, el salario mínimo trepó a 376.600 pesos mensuales, con un valor hora jornalizado de 1.883 pesos. Este es el último aumento fijado por la resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo. Por su parte, el último registro oficial del INDEC correspondiente a junio situó la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro personas en 1.531.472,91 pesos.

Es decir, que para cumplir la reforma de la ley de empleo que pretenden los legisladores del peronismo, se debe cuadriplicar el valor actual. Incluso este valor de referencia está lejos de lo pretendido por el FreSU, que en la presentación de esta semana pidió un mínimo de 3.065.161 pesos. “Todas las variantes que lleven a ese camino son valiosas”, resaltó respecto al proyecto Rubén Ruiz, titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) y referente del FreSU.

En diálogo con Data Gremial Ruiz remarcó que además desde la Mesa Sindical –espacio que reúne a más de 60 organizaciones y viene reclamando por un sinceramiento de los datos de inflación del INDEC –plantean “un aumento salarial del 30 por ciento para todos los trabajadores, que es el valor que nos succionaron con la ‘inflación oficial’ desde diciembre 2023 hasta hoy”.

El valor que establece el FreSU no es el único que circula entre el movimiento obrero organizado. También la Junta Interna de ATE en el INDEC elabora una canasta de bienes y servicios para establecer un umbral respecto de los ingresos necesarios para una familia tipo. “Creo que tropezamos con una dispersión de visiones y realidades diversas que complejizan el tema”, admitió Ruiz, sobre los cálculos que sobrevuelan la discusión.

Por eso, el dirigente subrayó que “necesitamos escalones de lucha creíbles y muy conversados con millones de trabajadores para acercarnos al salario mínimo que proponemos desde el FreSU”. Esta opinión, aclaró Ruiz, “no es compartida por todos y estamos discutiendo como generar una estrategia posible”.

En medio de este debate, advirtió el titular de la APJ-Gas, “se cuelan el endeudamiento familiar que es una verdadera tragedia colectiva, con unos 6 millones de morosos, y los despidos que suman 330 mil desde diciembre de 2023”. “Habrá que ser audaz y crear muchas unidades. Estamos lejos pero esto es la Argentina”, concluyó Ruiz.

Consejo del Salario

El valor del salario mínimo lo fija el Consejo del Salario, que reúne en una mesa a los empresarios y los gremios, bajo el laudo del Estado nacional.

Desde que asumió la actual gestión libertaria, las tres centrales obreras del país coincidieron en sus pedidos, pero nunca fueron escuchados por las cámaras patronales, por lo que los aumentos fueron establecidos por la Secretaría de Trabajo por decreto.

En su proyecto, los diputados peronistas resaltaron que la injerencia del Poder Ejecutivo y las mayorías requeridas para que este organismo se pronuncie “han conspirado para que se alcancen acuerdos que arriben a una determinación justa, ya que se necesitan dos tercios de los miembros para tomar decisiones”.

“Esas exigencias se han traducido en una cuantía claramente insuficiente de los montos vigentes”, describió en sus argumentos el proyecto de ley.

Además, el proyecto de ley incorpora entre sus fundamentos los aportes del Informe 15 sobre la evolución del Salario Mínimo elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

“El poder de compra del salario mínimo arrastra un retroceso superior al 40 por ciento respecto de los niveles previos al cambio de gestión nacional, ubicándose un 60 por ciento por debajo de los valores registrados en 2015 y un 20 por ciento inferior a los promedios de la década de 1990”, describe la entidad que pertenece a la CTA de los Trabajadores. De tal forma, cierra la propuesta, “terminaríamos con esta dolorosa novedad de que en nuestro país haya trabajadores pobres”.

“Surge evidente así, como la supuesta merma de la inflación de la que se jacta el gobierno, en buena parte la ha venido soportando la clase trabajadora, cuyos salarios han venido operando como ancla inflacionaria, a través de este valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil y de la arbitraria negativa del gobierno de homologar acuerdos paritarios”, concluyeron los legisladores