Importación directa de vehículos: el gobierno habilita a particulares y tensa aún más la relación con las automotrices
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que el gobierno habilitará a los particulares a importar vehículos nuevos y, eventualmente, usados de manera directa, sin necesidad de intermediarios ni requisitos técnicos locales como la Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

La medida, que será oficializada en los próximos días a través del Boletín Oficial, representa un giro liberalizador en el mercado automotor argentino y podría alterar significativamente la estructura de precios y comercialización vigente.
«Vamos a facilitar la importación personal de vehículos nuevos a las personas», señaló el ministro en una entrevista reciente, y agregó que si un vehículo está autorizado para circular en Europa o Estados Unidos, se presumirá que puede hacerlo también en Argentina. Esta afirmación pone en tela de juicio las normativas de homologación vigentes, que hasta ahora eran exigidas incluso para modelos ya comercializados en otros mercados con estándares de seguridad elevados.
Sturzenegger también adelantó que el Ejecutivo analiza permitir, con ciertas condiciones, la importación de vehículos usados, lo que marcaría otro hito en la apertura del mercado automotor, tradicionalmente protegido.
Este anuncio se produce en medio de una creciente tensión entre el gobierno y las automotrices locales, tras el fuerte incremento de precios registrado en mayo. Las terminales habían aplicado subas que luego se vieron forzadas a retrotraer tras advertencias públicas del ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, en junio volvieron a actualizar los precios, esta vez con incrementos del 2 al 3%.
La medida anunciada por Sturzenegger puede leerse como una forma de presión sobre el sector para forzar una baja en los precios internos mediante competencia externa. También responde al enfoque más amplio del gobierno de desregulación y liberalización comercial, con un fuerte componente ideológico.
El anuncio genera interrogantes en varios frentes: desde los impactos en la industria nacional, la pérdida de empleo y el eslabonamiento productivo, hasta las implicancias fiscales, logísticas y ambientales de una apertura sin mayores restricciones. Además, deja abierta la pregunta sobre cómo se garantizará la seguridad técnica, el servicio postventa y la adecuación de los vehículos a las normas locales si no se exige homologación específica.
Con esta decisión, el gobierno apuesta a descomprimir la inflación en el rubro automotor y a reforzar su narrativa de libertad de elección para los consumidores, aunque el efecto sobre la producción nacional y el equilibrio del mercado interno aún está por verse.
