Grave denuncia en la TV Pública: trabajadores acusan censura y control editorial sobre temas sensibles
Los trabajadores del noticiero de la TV Pública realizaron una fuerte denuncia a través de sus redes sociales, en la que acusan a la gerencia de noticias de ejercer censura sistemática sobre temas sensibles para el gobierno, especialmente en relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos impiden hablar de su proscripción”, señalaron en un comunicado publicado en la red social X, en un contexto que revela tensiones internas y una creciente preocupación por la libertad de prensa en los medios estatales.
La denuncia no se limita a un episodio aislado. Según expresaron, existe una “metodología de censura” que ya se habría aplicado en la cobertura del conflicto laboral en el Hospital Garrahan y en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido por una bala de goma disparada por un gendarme mientras cubría una marcha de jubilados. En todos los casos, los trabajadores apuntan a una línea editorial que excluye voces críticas o disidentes y da espacio exclusivo a posturas oficiales o afines al gobierno.
En relación con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, los trabajadores denunciaron que se les impide hablar del concepto de “prospección” y que solo se les autoriza a entrevistar “a constitucionalistas que celebran la condena y que la dieron por culpable antes de conocerse el fallo”.
El comunicado, respaldado por el sindicato de prensa Sipreba, incluye una defensa explícita de los medios públicos y del derecho a una información plural, diversa y federal. “Repudiamos la condena a Cristina, que consideramos un ataque directo a la libertad y la democracia en nuestro país”, afirmaron.
Esta situación pone en evidencia un conflicto de fondo entre la conducción política de los medios estatales y sus trabajadores, que rechazan la imposición de una línea editorial cerrada y funcional al discurso oficial. En un contexto donde el presidente Javier Milei ha expresado abiertamente su desprecio por los medios públicos y ha propuesto su eventual privatización, estas denuncias alimentan las sospechas de un vaciamiento deliberado del rol crítico y plural que deberían tener estos espacios.
Lejos de tratarse de un debate técnico sobre criterios editoriales, el conflicto revela una disputa por el sentido de la información pública en una democracia. ¿Qué papel deben jugar los medios del Estado? ¿Deben funcionar como voceros del gobierno de turno o garantizar la expresión de las múltiples voces que conforman la sociedad?
La denuncia de los trabajadores reabre estas preguntas fundamentales y deja al descubierto el riesgo de una deriva autoritaria en el manejo de la comunicación institucional.
