Causa ANDIS: crecen las sospechas sobre las contrataciones millonarias y se estrecha el cerco judicial

Más allá de las derivaciones penales, el caso presenta interrogantes sobre los mecanismos de contratación estatal, los controles administrativos y la transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a sectores especialmente sensibles, como el área de discapacidad. La resolución de esas preguntas será clave para medir el alcance real de una investigación que ya genera preocupación en distintos niveles del Gobierno.

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en una fase decisiva y amenaza con generar nuevas repercusiones políticas y judiciales.

En el centro del expediente aparecen los empresarios Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, propietarios de la droguería Suizo Argentina, cuya expansión como proveedora del organismo durante los últimos años quedó bajo la lupa de la Justicia.

El caso gira en torno a un crecimiento extraordinario en el volumen de contrataciones adjudicadas a la empresa. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, la firma pasó de operar con contratos cercanos a los 5.000 millones de pesos a concentrar adjudicaciones por más de 110.000 millones entre 2024 y 2025, una evolución que despertó interrogantes sobre los criterios de asignación de recursos públicos y los mecanismos de control interno.

Los investigadores buscan determinar si detrás de ese salto existió un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios sistemáticos y posibles retornos vinculados a funcionarios del organismo. Auditorías oficiales ya detectaron inconsistencias en diversas contrataciones, incluyendo diferencias de precios que, según los informes incorporados al expediente, habrían alcanzado porcentajes extraordinarios.

Mientras la causa acumula evidencia, la estrategia de las defensas parece orientada a disputar la validez de una de las pruebas más sensibles: los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Los Kovalivker incorporaron una perito informática de parte para intervenir en el análisis técnico de las grabaciones, con el objetivo de cuestionar tanto su autenticidad como el contexto en el que fueron obtenidas.

La controversia sobre esos registros se transformó en uno de los ejes centrales de la investigación. Según la hipótesis judicial, los audios podrían aportar elementos sobre un presunto mecanismo de cobro de coimas asociado a contrataciones del organismo. Por esa razón, el juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de peritajes destinados a determinar si las grabaciones fueron editadas, alteradas o manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial.

El propio Spagnuolo enfrenta una situación cada vez más compleja. El exfuncionario rechazó la orden judicial que le exige aportar una muestra de voz para contrastarla con los registros incorporados al expediente, argumentando que la medida podría vulnerar garantías constitucionales vinculadas a la autoincriminación.

Los antecedentes de la investigación tampoco juegan a favor de los empresarios. Durante los allanamientos realizados en agosto de 2025 en propiedades vinculadas a la familia Kovalivker, la Justicia secuestró equipos informáticos, documentación relevante y una importante suma de dinero en efectivo, elementos que continúan siendo analizados por los investigadores.

A ello se suma otro dato que refuerza las sospechas judiciales: la presunta filtración anticipada de los operativos. Según la acusación, personal de seguridad de un barrio privado donde reside uno de los empresarios habría dificultado el ingreso de las fuerzas de seguridad, episodio que derivó en imputaciones por posible encubrimiento y desobediencia.

En los tribunales, la percepción es que la disputa técnica sobre las pruebas busca postergar definiciones procesales en una causa que avanza sobre hechos de fuerte impacto institucional. Con nuevas pericias en marcha y un volumen creciente de evidencia bajo análisis, el expediente se acerca a una etapa en la que podrían definirse indagatorias, ampliaciones de imputaciones y responsabilidades que excedan a los actores inicialmente involucrados.