Graves denuncias de ejecuciones en Río de Janeiro tras el megaoperativo policial que dejó más de 130 muertos
La ciudad de Río de Janeiro quedó envuelta en conmoción y denuncias internacionales tras el megaoperativo conjunto de la Policía Civil y Militar contra el grupo criminal Comando Vermelho, que derivó en una masacre sin precedentes.
Según la abogada y activista de derechos humanos Flávia Fróes, varios de los cuerpos hallados presentan heridas de bala en la nuca, puñaladas en la espalda y signos de tortura, lo que sugiere ejecuciones sumarias.
Fróes, presidenta del Instituto Anjos da Liberdade, calificó la operación como “la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro” y confirmó que su organización presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la intervención de peritos y observadores internacionales.
El miércoles por la mañana, vecinos de la favela Penha trasladaron más de 70 cuerpos hasta la plaza São Lucas para facilitar su identificación. Muchos de ellos fueron recuperados del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. En medio del dolor y la desesperación, una madre relató haber hallado el cuerpo de su hijo de 20 años con las manos atadas.
El activista Raull Santiago aseguró que la exposición de los cuerpos fue un acto impulsado por las familias “para mostrar el estado en que fueron encontrados” y denunció que varios de los fallecidos no figuran en el conteo oficial. Según datos de la Defensoría Pública, el número de víctimas asciende ya a 132, aunque el gobierno estadual aún no confirmó esa cifra.
El operativo, presentado inicialmente como un golpe decisivo contra el narcotráfico, se ha transformado en un escándalo de graves implicaciones políticas y humanitarias.
Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y la magnitud de las muertes plantean un nuevo desafío para el gobierno brasileño, bajo creciente presión para esclarecer los hechos y garantizar una investigación independiente que determine responsabilidades en lo que podría constituir una violación masiva de derechos humanos.
