Gobernadores aliados: pactos silenciosos en el Senado frenan proyectos sobre jubilaciones y discapacidad

La maniobra, coordinada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, busca evitar que avancen normas que incomodan a la administración de Javier Milei por su impacto fiscal, aunque representen derechos básicos para millones de argentinos.

En la previa de una sesión clave en el Senado, que busca tratar iniciativas sensibles como la recomposición de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, se confirmó un acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobernadores «dialoguistas» para bloquear esos proyectos.

A través de contactos informales y mensajes directos, Francos pidió a los mandatarios provinciales que sus senadores no den quórum o no acompañen las iniciativas impulsadas por Unión por la Patria y otros bloques opositores. La orden es clara: proteger el relato del ajuste fiscal a toda costa, incluso si eso significa dejar sin cobertura previsional a adultos mayores o sin asistencia a personas con discapacidad.

El oficialismo no logra los votos por mérito propio, pero tampoco necesita construir mayorías: le basta con impedir que otros las construyan. Así, la estrategia no es ganar las votaciones, sino que directamente no sucedan. A cambio de su obediencia, los gobernadores podrían recibir beneficios como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o un nuevo esquema de coparticipación del impuesto a los combustibles. Negociaciones oscuras, sin debate público y con derechos fundamentales como rehenes.

El escenario es preocupante no solo por lo que se frena, sino por cómo se frena. Proyectos que cuentan con media sanción en Diputados, como la moratoria previsional —clave para que miles de personas puedan acceder a una jubilación sin los años de aportes completos—, quedan congelados por decisiones políticas tomadas a puertas cerradas. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia en discapacidad, una deuda social que el Estado posterga una vez más.

Lo más grave es que estas postergaciones no responden a criterios técnicos ni de oportunidad, sino a una lógica puramente ideológica. El Gobierno se aferra al superávit fiscal como si fuera una religión, mientras ignora que detrás de cada punto de ahorro hay personas concretas: jubilados con haberes que no alcanzan a cubrir la canasta básica, niños con discapacidad sin acceso a terapias, regiones como Bahía Blanca sin apoyo tras desastres naturales.

El Ejecutivo ya anunció que vetará cualquier ley que “comprometa el equilibrio fiscal”. Pero ese veto no es solo administrativo: es moral. Es la expresión más cruda de un modelo que privilegia los números por sobre las personas.

El silencio de los aliados

Los gobernadores «dialoguistas», autoproclamados como racionales y moderados, hoy quedan expuestos como cómplices de un ajuste que no solo es brutal, sino selectivo. Mientras algunos buscan preservar sus cajas provinciales a través de ATN o beneficios impositivos, entregan como moneda de cambio derechos sociales básicos que representan conquistas históricas del sistema democrático.

La actitud del oficialismo no sorprende, pero la claudicación de quienes podrían actuar como contrapeso institucional resulta alarmante. El Senado, concebido como espacio de representación federal, hoy se transforma en un tablero de cálculo político donde la dignidad de los sectores más vulnerables es negociada como si fuera un renglón presupuestario más.

En nombre del superávit, el Gobierno busca borrar del mapa toda política pública que implique gasto social, incluso cuando ese gasto es una obligación constitucional y ética. Y lo hace con la complicidad pasiva —o activa— de gobernadores que prefieren cuidar la billetera a defender derechos.

En un país donde más del 50% de los jubilados cobra por debajo de la línea de pobreza y donde las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras para acceder a una vida digna, el bloqueo de estas leyes no es una jugada legislativa: es una forma de violencia institucional. Y la historia, tarde o temprano, se encargará de pasar factura.