Funes de Rioja intenta despegarse de la reforma laboral

Mientras Funes de Rioja intenta correrse del centro de la escena en términos de autoría, ratifica plenamente el enfoque y los objetivos de la reforma. La estrategia parece clara: desentenderse de la letra fina, pero respaldar el cambio de paradigma laboral que el proyecto propone.

Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y socio fundador del estudio Bruchou & Funes de Rioja, salió públicamente a reducir su grado de responsabilidad en la redacción de la reforma laboral que hoy se discute en el Senado, pese a haber sido señalado como uno de los principales referentes técnicos e ideológicos del proyecto.

Aunque negó una participación directa en la escritura del texto, no cuestionó ni el contenido ni el sentido de la iniciativa, y se limitó a deslindar culpas formales: “Mucha gente puede haber aportado ideas, pero la responsabilidad de la redacción, de los contenidos y del texto final corresponde al Gobierno”, afirmó en declaraciones a Ámbito Financiero. “No somos el padre de la criatura”, remató, en un intento por tomar distancia política sin romper con el fondo de la propuesta.

El gesto resulta significativo: mientras el debate público apunta a los actores empresariales y jurídicos que impulsaron el proyecto, Funes de Rioja reconoce la circulación de ideas entre privados y Estado, pero traza una línea conveniente entre asesoramiento conceptual y responsabilidad política efectiva. Una distinción que, en los hechos, desdibuja el rol de los grandes estudios y cámaras empresariales en la definición del nuevo marco laboral.

Lejos de cuestionar la reforma, el ex titular de la UIA la defendió abiertamente y buscó incluso reformular su denominación, evitando el término “reforma laboral”. “Yo no lo llamaría así —sostuvo—. Es una modernización laboral, porque las instituciones laborales argentinas son vetustas”. La caracterización no es menor: bajo la idea de “modernización” se agrupan cambios que reducen derechos históricos y alteran el equilibrio entre capital y trabajo.

En ese sentido, Funes de Rioja apeló a un diagnóstico recurrente en el discurso empresario: la “transformación tecnológica enorme” que atraviesa el mundo y que haría inevitable el “reemplazo de mano de obra de baja calificación”. El argumento funciona como justificación estructural de la precarización, presentada no como una decisión política sino como una consecuencia natural del progreso.

La definición más explícita llegó al final, cuando sintetizó el espíritu que recorre buena parte del proyecto: “Siempre es mejor tener un trabajador autónomo con algún tipo de marco regulatorio y cobertura, que una situación completamente en negro”. La frase condensa una lógica que naturaliza la pérdida de derechos laborales en nombre de la formalización mínima, desplazando el debate desde el trabajo registrado hacia figuras más flexibles, con menos protección y menor poder de negociación.