La central obrera apuesta a los gobernadores para frenar la reforma laboral en el Congreso
El objetivo es claro: anticiparse al plan de lucha que comenzará en las provincias y reforzar la resistencia institucional al proyecto del Gobierno nacional.
En la antesala de las protestas impulsadas por los gremios más combativos, la conducción de la CGT puso en marcha su propia estrategia política: una ronda de contactos con gobernadores y legisladores provinciales para bloquear el avance de la reforma laboral en el Congreso.
La primera parada será este martes en Córdoba, donde el triunvirato cegetista —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— mantendrá un encuentro con el gobernador Martín Llaryora. El mandatario cordobés ya expresó públicamente reparos al contenido de la iniciativa oficial, especialmente en lo referido a la preservación de los derechos laborales en un contexto de cierres de empresas y destrucción de empleo.
En paralelo, esta semana se desarrollarán movilizaciones en la capital cordobesa y en Rosario, convocadas por el Frente de Sindicatos Unidos, lo que suma presión desde las calles mientras se despliega la negociación política.
La agenda de la CGT incluye además gestiones en Tucumán, Salta, Catamarca, Santa Fe, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aunque hasta el momento solo el encuentro con Llaryora fue confirmado.
La central obrera enfrenta, no obstante, resistencias y dilaciones por parte de algunos gobernadores alineados con el Ejecutivo nacional, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes habrían evitado avanzar en reuniones formales, evidenciando las tensiones que atraviesan al mapa político provincial.
Las declaraciones recientes de Llaryora sintetizan una de las posiciones que la CGT busca fortalecer: discutir nuevas formas de trabajo y brindar previsibilidad jurídica, especialmente a las pymes, sin habilitar retrocesos en materia de derechos laborales. Un planteo que choca con el corazón del proyecto oficial, al que los sindicatos caracterizan como regresivo y desarticulador del entramado laboral existente.
En paralelo a la ofensiva territorial, la CGT mantiene canales de diálogo abiertos con distintos sectores del Gobierno con la intención de introducir cambios al texto y reducir su impacto. Entre los interlocutores figura la asesora cercana a Patricia Bullrich, Josefina Tajes, además de ministros y dirigentes afines al oficialismo. Aun así, desde la central advierten que el margen para el acuerdo es limitado y que, de no producirse modificaciones sustantivas, la conflictividad podría escalar. “Si no vemos avances, pasaremos a una instancia de mayor confrontación”, anticipó Jerónimo.
La conducción cegetista también dejó en claro que, si la reforma avanza sin cambios, trabajará para limitar sus efectos en el plano legislativo y provincial. “No puede haber trabajadores de primera y de segunda según la provincia”, remarcan desde la central, que apuesta a incidir en el Senado para evitar la aprobación del proyecto en su versión original o, en su defecto, vaciar de contenido los artículos más cuestionados.
Durante el fin de semana, Jerónimo endureció aún más la posición de la CGT al calificar la reforma como un retroceso en derechos colectivos e individuales, sin impacto real en la generación de empleo ni en el fortalecimiento de las pymes. También puso en duda la capacidad del Gobierno para reunir los votos necesarios en el Congreso y relativizó la posibilidad de que los gobernadores acompañen la iniciativa sin objeciones. “No van a firmar un cheque en blanco”, sostuvo, marcando límites al oficialismo.
Desde la central obrera insisten en que, sin una mesa de negociación real, la ley no avanzará. “El Gobierno necesita abrir un ámbito de diálogo porque, de otro modo, esto no va a pasar”, advirtió Jerónimo, quien destacó el trabajo político que la CGT viene realizando con gobernadores y senadores. El mensaje final apunta directamente a la Cámara alta: no resignar convicciones a la hora de votar una reforma que redefine el mapa de derechos laborales en todo el país.
