Flybondi acumula deudas millonarias con empresas estatales y crecen los reclamos laborales
Mientras se define el futuro financiero de Flybondi, los reclamos por indemnizaciones continúan y la iniciativa para privatizar Intercargo sigue generando cuestionamientos sindicales y políticos.
La aerolínea de bajo costo ingresó en concurso preventivo con obligaciones que superarían los $4.000 millones, incluidos compromisos pendientes con EANA e Intercargo.
En paralelo, cerca de 1.000 trabajadores habrían dejado la compañía y se multiplican las denuncias por indemnizaciones y salarios impagos. El Ejecutivo, por su parte, continúa impulsando la privatización de Intercargo, que cuenta con unos 1.600 empleados.
La situación financiera y laboral de Flybondi volvió a quedar en el centro de la discusión sobre el papel del Estado en el sector aerocomercial.
El pasado 5 de octubre, la empresa se presentó en concurso preventivo de acreedores con deudas y reclamos identificados por más de $4.000 millones, una cifra que podría alcanzar aproximadamente los $4.600 millones al incorporar intereses y costos judiciales derivados de embargos.
Entre los principales acreedores aparecen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, dos compañías estatales que continuaron brindando servicios esenciales para el funcionamiento de la aerolínea pese a la acumulación de obligaciones pendientes. EANA se encarga de los servicios de navegación aérea, mientras que Intercargo presta asistencia en tierra a las aeronaves en los aeropuertos.
El caso genera cuestionamientos debido a que Flybondi fue presentada como una expresión del desarrollo de la actividad privada en el mercado aerocomercial, mientras que el Gobierno nacional sostiene una política orientada a reducir la participación estatal mediante privatizaciones.
En ese contexto, el Ejecutivo mantiene su iniciativa para avanzar con la venta de Intercargo. Según los gremios del sector, la empresa pública registra resultados superavitarios y cumple una función estratégica en la operatoria aeroportuaria.
Los sindicatos advierten que un eventual cambio de control podría afectar a unos 1.600 trabajadores directos, además de repercutir en otros empleos vinculados con los servicios aeroportuarios.
Las organizaciones sindicales también manifestaron su preocupación por el futuro de las condiciones laborales y el funcionamiento de una compañía considerada clave para la actividad aérea nacional. Entre sus advertencias figuran posibles recortes de personal y cambios en la prestación de los servicios de asistencia en tierra.
Despidos y reclamos por indemnizaciones
La crisis de Flybondi también tiene consecuencias sobre sus trabajadores. De acuerdo con las cifras consignadas en los reclamos gremiales, cerca de 1.000 empleados habrían dejado la empresa en los últimos meses, a través de despidos y acuerdos de retiro voluntario.
Los representantes sindicales denunciaron demoras en el pago de indemnizaciones, incumplimientos en las cuotas acordadas y deudas salariales con parte del personal que continúa en actividad. A fines de agosto, más de 700 exempleados se reunieron en el Aeroparque Jorge Newbery para exigir el pago de las sumas pendientes.
A los conflictos laborales se agregan los problemas operativos de la compañía. Según información atribuida a Página/12, durante 2026 Flybondi habría cancelado alrededor de 2.400 vuelos, con consecuencias para unos 383.000 pasajeros. También se reportaron sanciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y reclamos por la falta de reembolsos, que, de acuerdo con esas publicaciones, se extendería desde enero.
La situación también abrió interrogantes sobre las relaciones entre los principales inversores de la aerolínea y referentes del Gobierno nacional. Leonardo Scatturice, señalado como uno de los inversores relevantes de Flybondi y vinculado con tareas de lobby en Estados Unidos, mantiene una relación con Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Javier Milei.
Además, el grupo empresario COC Global, relacionado con Scatturice, controla OPC Tech, firma que cuenta con contratos con organismos públicos, entre ellos EANA y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En este escenario, el diputado nacional Esteban Paulón cuestionó los controles ejercidos sobre la compañía por parte de la autoridad aeronáutica. Por su parte, el expresidente de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani planteó públicamente la necesidad de que el Gobierno informe qué mecanismos de supervisión aplicó sobre Flybondi y qué vínculos existen entre la empresa y funcionarios nacionales.
Los cuestionamientos se producen mientras la aerolínea tramita su situación financiera ante la Justicia comercial y continúan los reclamos de trabajadores y pasajeros.
La situación de ambas compañías reavivó el debate sobre el rol de las empresas públicas en el sistema aerocomercial argentino. Por un lado, Flybondi enfrenta deudas millonarias, conflictos laborales y reclamos por la prestación de sus servicios. Por otro, Intercargo continúa operando mientras el Gobierno busca avanzar con su privatización.
La controversia gira en torno a los controles estatales sobre las compañías privadas, las obligaciones pendientes con proveedores públicos y las consecuencias que una eventual venta de Intercargo podría tener sobre el empleo y la prestación de servicios aeroportuarios.
