Fisura en la UIA: crece la interna entre cúpula pro gobierno y pymes que exigen auxilio ante la crisis y despidos

Mientras el presidente de la entidad, Martín Rappallini, llama al «silencio» y a la «confianza» en las reformas a pesar de los cierres de empresas y despidos, un sector disidente, con fuerte peso de las pymes industriales, cuestiona duramente el apoyo y reclama una intervención estatal urgente para mitigar la crisis.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la principal cámara fabril del país, atraviesa una profunda polarización interna generada por la postura de su conducción ante el modelo económico del gobierno de Javier Milei.

El eje central de la disputa es el concepto de «transición». La cúpula pro gobierno defiende la agenda de reformas estructurales, incluida la laboral, con la expectativa de un «paraíso regulatorio» futuro favorable a los negocios.

Sin embargo, las voces críticas advierten que esta transición se está dando en un contexto de «pulverización del mercado interno», exacerbado por la apertura importadora, el tipo de cambio bajo y las tasas de interés elevadas. Las pymes señalan que, de continuar esta tendencia, la promesa de beneficios regulatorios llegará demasiado tarde para las empresas que ya están cayendo.

La urgencia del reclamo se respalda con datos de la propia UIA: la encuesta de noviembre consignó que para el 41 por ciento de los industriales, el problema más relevante ya no es la macroeconomía, sino la caída de la demanda de otras empresas, lo que confirma el efecto dominó de la recesión.

Un contexto fabril en alarma

La tensión interna se agiganta por hechos concretos que sacuden a la industria, como el cierre temporal de Mondelez en Tigre, un evento inédito que sigue al cese de actividades de Whirlpool en Pilar. Estos movimientos, incluso en grandes multinacionales, disparan la preocupación de los sectores que perciben el programa económico como lesivo para la producción nacional.

La respuesta del Gobierno a esta situación es altamente crítica. El presidente Javier Milei ha argumentado que los cierres de empresas son, paradójicamente, beneficiosos para las propias firmas, los trabajadores sin empleo y los consumidores.

Este argumento, sumado al respaldo del ministro Luis Caputo a la polémica frase del secretario Pablo Lavigne de que «la mejor política industrial es la que no existe», evidencia una posición oficial que minimiza o desprecia el rol del Estado como garante del desarrollo productivo.

Que importantes sectores de la patronal fabril relativicen este impacto, optando por el acompañamiento y el silencio, subraya la profunda división ideológica dentro del empresariado en un momento de máxima fragilidad para la industria.