4 de julio de 2026

Fiscalía denuncia a Eduardo Bolsonaro por presunta coacción judicial

La Fiscalía General de la República de Brasil presentó ante la Corte Suprema una denuncia penal contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro y contra el productor e influencer Paulo Figueiredo, acusándolos de coacción a la Justicia en el marco del proceso que condenó al exmandatario Jair Bolsonaro por su presunta conspiración golpista ocurrida en enero de 2023.

Según la denuncia, impulsada por el fiscal general Paulo Gonet, ambos acusados habrían presionado a autoridades judiciales desde fuera de Brasil, con el objetivo de influir en el desenlace del caso que culminó, el 12 de septiembre de 2025, con una condena para Jair Bolsonaro y para otros siete altos funcionarios, en su mayoría militares de alto rango.

La acción habría contado con la colaboración de Paulo Figueiredo, aliado de la familia Bolsonaro.

La Fiscalía sostiene que Eduardo Bolsonaro y Figueiredo viajaron a Estados Unidos en marzo de 2025 con la finalidad de obtener apoyo del Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones económicas contra Brasil y sus autoridades judiciales, en un intento por interferir en el proceso penal contra Jair Bolsonaro. En el documento de denuncia se afirma que las acciones descritas configuran coacción a la Justicia, definida como el uso de violencia o grave amenaza para favorecer intereses propios o de terceros frente a autoridades judiciales.

“La dupla no dudó en arrogarse la inspiración de las sanciones económicas que fueron, como es notorio, impuestas por el Gobierno norteamericano”, señala la denuncia presentada ante la Corte Suprema. La Fiscalía indicó además que debe informarse al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, sobre la denuncia contra Eduardo Bolsonaro.

Entre las pruebas mencionadas figuran publicaciones públicas en las redes sociales de los acusados durante los últimos meses, en las que, según el documento, “anunciaban las sanciones previamente, celebraban cuando eran impuestas y amenazaban con más sanciones si el STF no cedía”. El fiscal Gonet sostuvo que “las medidas sancionatorias fueron obtenidas por el esfuerzo de la dupla, conforme los denunciados triunfalmente confesaron”, y aseguró que dichas publicaciones amplificaron las gestiones en Washington, donde Eduardo Bolsonaro reside desde marzo y realiza cabildeo para cuestionar al gobierno brasileño actual.

El caso llega en un contexto en el que, recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió medidas financieras a la esposa del ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci, y a un estudio de abogados ligado al magistrado, información citada por la denuncia para ilustrar el alcance de la presunta presión externa.

En una entrevista con el diario O Globo, Eduardo Bolsonaro habría confirmado esfuerzos por intensificar las sanciones de Trump como forma de presión judicial, señalando que “trabaja en ese sentido” y que está informando a autoridades estadounidenses sobre el arresto, a la espera de una reacción.

La Fiscalía asevera que estas acciones constituyen una interferencia externa en las instituciones democráticas brasileñas y un intento de obstruir el debido proceso. Entre las medidas que, según la denuncia, constituirían interferencia se describen sanciones estadounidenses contra el magistrado Alexandre de Moraes y su familia, así como eventuales aranceles a productos brasileños, dentro de un marco que, a juicio de la fiscalía, busca presionar al STF.

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