Delcy Rodríguez niega fallas en los rescates y enfrenta cuestionamientos por el saldo de víctimas

En medio de las crecientes críticas por la respuesta estatal frente a los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la presidenta interina Delcy Rodríguez salió a defender el accionar de su administración y rechazó las acusaciones sobre presuntas demoras en los operativos de rescate y una supuesta subestimación del número real de víctimas.

La mandataria aseguró que los mecanismos de emergencia se activaron de manera inmediata tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron especialmente a Caracas y al estado costero de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la catástrofe.

Según sostuvo, la respuesta gubernamental fue rápida y coordinada, en contraposición a las denuncias de sobrevivientes, organizaciones civiles y sectores opositores que cuestionan la eficacia de las primeras horas de asistencia.

La controversia se produce en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el verdadero alcance del desastre. Mientras las cifras oficiales contabilizan más de 2.200 fallecidos, distintos equipos de rescate y organizaciones humanitarias manejan estimaciones superiores. A ello se suma la existencia de miles de personas reportadas como desaparecidas y las dificultades para verificar de manera independiente la dimensión total de los daños.

Durante una conferencia de prensa en Caracas, Rodríguez acusó a algunos medios de comunicación de utilizar políticamente la tragedia y rechazó las versiones que señalaban que numerosos vecinos debieron remover escombros con sus propias manos ante la ausencia inicial de equipos especializados. La mandataria insistió en que los organismos de protección civil y emergencia actuaron desde las primeras horas posteriores al desastre.

Otro de los puntos de debate gira en torno al colapso de numerosas construcciones, incluidas viviendas sociales impulsadas durante anteriores gobiernos. Frente a las críticas sobre posibles deficiencias estructurales, Rodríguez sostuvo que la mayoría de los edificios destruidos pertenecían al sector privado, aunque no presentó información técnica que respaldara esa afirmación.

La tragedia representa además un desafío político de gran magnitud para la presidenta interina. Su gestión atraviesa uno de los momentos más delicados desde que asumió el poder de manera transitoria, en un escenario donde la capacidad de respuesta frente a la emergencia podría influir en el debate sobre su continuidad y en la percepción pública sobre el desempeño del Gobierno.

Mientras tanto, las tareas de búsqueda ingresaron en una nueva etapa. Tras más de una semana de trabajo ininterrumpido y luego de que los especialistas agotaran las posibilidades razonables de encontrar sobrevivientes entre los escombros, los operativos comenzaron a concentrarse principalmente en la recuperación e identificación de víctimas fatales.

Uno de los últimos episodios que mantuvo viva la esperanza ocurrió cuando los rescatistas lograron extraer con vida a un hombre que permaneció atrapado durante ocho días bajo una estructura colapsada. Sin embargo, posteriores inspecciones realizadas con tecnología especializada y equipos caninos no lograron detectar nuevas señales de supervivencia.

La magnitud del desastre también ha puesto al límite la capacidad de los servicios forenses y sanitarios. Las morgues y centros de almacenamiento se encuentran saturados, mientras que las autoridades enfrentan el desafío de identificar a cientos de cuerpos en condiciones complejas. Especialistas advierten que el proceso podría extenderse durante varios meses debido al volumen de víctimas y al estado en que muchos restos fueron recuperados.

A la crisis humanitaria se suma una problemática social y económica que golpea a miles de familias. Los elevados costos de los servicios funerarios, la escasez de recursos y la necesidad de asistencia estatal han profundizado las dificultades de quienes intentan despedir a sus seres queridos en medio de una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.

En este escenario, la defensa de la gestión realizada por Rodríguez convive con una creciente demanda de explicaciones sobre la magnitud de la tragedia, la calidad de las infraestructuras afectadas y la efectividad de los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias de gran escala.