¿La Justicia europea puede bloquear la regularización de inmigrantes en España?

El posible traslado de una consulta del Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha generado dudas sobre el futuro del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes promovido por el Ejecutivo español. En este artículo, ‘Euronews’ examina los aspectos legales, políticos y sociales del asunto con la ayuda de dos expertas.

El Tribunal Supremo está considerando la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE en relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España, después de manifestar reservas sobre su compatibilidad con la normativa de la Unión Europea.

Esta eventual remisión del caso al TJUE ha reabierto el debate sobre hasta dónde pueden llegar los Estados miembros para aprobar medidas de este tipo y cuáles serían las repercusiones de un posible fallo de la justicia europea.

De momento, el Tribunal Supremo aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si presentará la cu cuestión prejudicial. Antes de ello, ha solicitado a las partes implicadas que presenten sus argumentos sobre la idoneidad de dar este paso.

Pero, ¿puede realmente el TJUE intervenir en este asunto? ¿Y qué consecuencias tendría una eventual resolución? Recurrimos a especialistas para aclarar estos interrogantes.

Una incertidumbre con efectos inmediatos

Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la Fundación PorCausa, dedicada a la investigación y el análisis de fenómenos migratorios, subraya la importancia de no confundir la fase actual del procedimiento con una decisión firme. «El Tribunal Supremo no ha iniciado el proceso, sino que ha preguntado a las partes si consideran que debería iniciarse», señala.

En su opinión, se está generando una atmósfera de incertidumbre que no se corresponde con una determinación judicial concreta sobre la intervención del TJUE. «Es un debate que se abre sobre un escenario que aún no es real», comenta a ‘Euronews’.

«El simple rumor de esta posibilidad ya genera miedo en más de 1.300.000 personas que están a punto de obtener sus documentos para regularizar su situación en nuestro país», afirma. «Considero que hay una gran falta de responsabilidad política», añade, aunque confía en que las instituciones europeas actuarán para «salvaguardar la estabilidad de la Unión».

Por su parte, María Eugenia Rodríguez Palop, jurista y exdiputada en el Parlamento Europeo, coincide en que el debate se ha anticipado al propio procedimiento. «La Comisión Europea ya ha indicado que este tipo de políticas públicas son competencia de los Estados miembros. España tiene la potestad de llevar a cabo una regularización de esta naturaleza, incluso si es masiva y afecta a cientos de miles de personas», explica a ‘Euronews’.

¿Puede el TJUE intervenir realmente?

Para Rodríguez Palop, si existen dudas acerca del instrumento legal utilizado por el Gobierno para aprobar la regularización, estas deben resolverse en el ámbito del derecho español. «Es posible plantearlo de forma legítima, pero es una cuestión de derecho interno […] debería dirimirse en el marco del derecho constitucional o administrativo, no del derecho europeo», sostiene.

Añade que la posibilidad de que las personas regularizadas puedan viajar dentro del espacio Schengen no altera este análisis, ya que «eso es un derecho que ya concede el espacio Schengen a todos los residentes; no es algo que haya introducido este decreto del Gobierno». Según la jurista, el TJUE no puede actuar como una una instancia de apelación de las decisiones de los tribunales españoles.

Además, Rodríguez-Alarcón advierte de que un cambio de criterio que implicara la retirada de derechos ya concedidos «generaría una tensión social, tanto a nivel nacional como europeo, sin precedentes en nuestra historia reciente».

«Estamos hablando de un gran número de personas», añade. «Personas que ya se encontraban en situación irregular» y que podrían verse perjudicadas por una posible modificación del proceso.

¿Por qué este debate va más allá del caso español?

La directora de PorCausa recuerda también que este tipo de mecanismos «se han aplicado en numerosas ocasiones en los últimos 30 años en todos los países de Europa» y cree que poner en duda el caso español podría abrir interrogantes sobre otras medidas similares adoptadas por los Estados miembros: «Se pondría en cuestión el sistema de gestión de la migración sobrevenida que utilizan todos los países».

«La migración está siendo utilizada como un caballo de Troya; como una herramienta para introducir otros debates y, de alguna manera, ‘hackear’ el sistema democrático», afirma la especialista en migraciones. En su opinión, incluso los procedimientos aparentemente técnicos pueden terminar siendo utilizados para cuestionar «la capacidad legislativa y de gestión migratoria legítima de un país».

Rodríguez Palop coincide en que el debate ha adquirido una dimensión política: «Se está europeizando una cuestión que es estrictamente de procedimiento y estrictamente española».

¿Qué pasaría si el TJUE encontrara una incompatibilidad con el derecho europeo?

Desde una perspectiva jurídica, Rodríguez Palop considera que, incluso si el TJUE detectara una incompatibilidad con el derecho europeo, las regularizaciones ya otorgadas quedarían probablemente protegidas. «Lo habitual es que, por seguridad jurídica, por confianza legítima, y para no vulnerar los derechos a la vida privada y familiar o los derechos de los menores, las personas que ya han obtenido la regularización la tengan consolidada», explica.

No obstante, cree que el impacto podría afectar a futuras regularizaciones. «Podría, eventualmente, cerrarse la puerta a nuevas regularizaciones y limitarse el margen de maniobra de los Estados miembros en materia de política migratoria». Además, advierte de que el procedimiento podría alargarse durante años, generando «una sombra de duda sobre las regularizaciones ya concedidas y sobre las que puedan concederse en el futuro».

Ante este escenario, Rodríguez-Alarcón confía en que las instituciones europeas actúen con «seriedad y responsabilidad jurídica» para mantener la estabilidad de la Unión: «Esperamos que haya seriedad y responsabilidad jurídica, y que las instituciones europeas, como han hecho siempre, actúen para preservar la estabilidad de la Unión».