Explosión en Ezeiza reabre el debate sobre la seguridad y el historial incendiario de Iron Mountain
El incidente de Ezeiza no solo obliga a esclarecer responsabilidades, sino también a revisar el modelo de control estatal sobre compañías cuyo historial demuestra que el fuego no es un accidente aislado, sino un patrón que exige respuestas urgentes.
El incendio y la violenta explosión ocurridos en el Polo Industrial Spegazzini volvieron a colocar a la empresa Iron Mountain en el centro de las sospechas. Aunque el siniestro se originó en un depósito de Logischem, la rápida propagación del fuego alcanzó varias instalaciones linderas, entre ellas un galpón de Iron Mountain, cuya trayectoria internacional acumula episodios similares y aún sin respuestas convincentes.
La magnitud del estallido, que generó daños en viviendas ubicadas hasta 15 kilómetros, reavivó además el debate sobre el control estatal en predios industriales donde operan empresas con almacenamiento de materiales sensibles.
El operativo para contener el fuego reunió a más de 500 trabajadores y 70 dotaciones de bomberos, asistidos por fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Sin embargo, las pericias todavía no comenzaron, lo que deja en suspenso cualquier hipótesis sobre las causas. La demora evidencia una dificultad recurrente: sin acceso inmediato a los focos de incendio, se multiplican las dudas en torno a la responsabilidad empresarial y el nivel de fiscalización previa.
La presencia de Iron Mountain agrega un componente de desconfianza. La compañía estadounidense, dedicada a la custodia de archivos corporativos de alto valor, arrastra una serie de siniestros a nivel mundial, varios de ellos catalogados posteriormente como intencionales. Desde Nueva Jersey hasta Londres, Ottawa y Aprilla, la reiteración de incendios ha generado preguntas sobre sus protocolos de seguridad y sobre la relación entre las pérdidas materiales y los intereses vinculados a la documentación destruida.
En Argentina, el antecedente más grave sigue siendo el incendio de 2014 en Barracas, que provocó la muerte de diez trabajadores de emergencias. La investigación judicial determinó serias falencias estatales en los controles y dejó abierta la posibilidad de que el fuego hubiera sido provocado. El hecho derivó en 18 procesamientos, entre ellos directivos de la empresa y exfuncionarios porteños, pero a más de una década la causa aún no alcanzó una sentencia definitiva. La repetición del incendio en ese mismo galpón en 2023 alimentó la sensación de impunidad y falta de supervisión.
El nuevo episodio en Ezeiza, aunque todavía sin peritajes concluyentes, vuelve a exponer un problema estructural: la convivencia entre depósitos de sustancias químicas, instalaciones inflamables y empresas con antecedentes dudosos dentro de polos industriales que no siempre cuentan con controles eficaces. La explosión evidenció que el riesgo no queda confinado a los predios, sino que se extiende a barrios enteros, generando daños materiales y temor entre los vecinos.
Mientras las autoridades esperan sofocar los últimos focos para iniciar las investigaciones, la comunidad y los especialistas plantean la misma inquietud que ya acompañó a Iron Mountain en los últimos 30 años: cómo es posible que una empresa con tantos incendios a nivel mundial siga operando sin mayores restricciones ni auditorías rigurosas.
