Escandalo en el PAMI: denuncian aportes ilegales en varias provincias para financiar a LLA
El presunto modus operandi, que implica la retención de porcentajes de los sueldos de empleados públicos para destinar esos fondos a actividades de campaña, está generando una profunda crisis tanto en la política como en la administración pública.
El escándalo de presuntas exigencias de aportes partidarios a empleados del PAMI para financiar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) se extiende rápidamente por diversas provincias del país, revelando una red de presuntas irregularidades que salpica a la cúpula del partido y pone en evidencia los oscuros vínculos entre lo político y lo administrativo.
En Misiones, la denuncia penal presentada por Samuel Doichele, referente libertario de Wanda, ha puesto en la mira a Carlos Adrián Núñez, designado por Karina Milei para liderar LLA en la provincia. Según las acusaciones, Núñez y otros dirigentes del partido habrían retenido el 10% de los sueldos de funcionarios del PAMI y ANSeS para financiar la campaña electoral.
La denuncia también incluye a Samantha Stekler, titular del PAMI en la provincia, y Nelli Beatriz Guerrero, jefa de la ANSeS de Eldorado, quienes además figuran en la lista de candidatos a diputados provinciales. La retención de fondos, presuntamente forzada a través de un esquema organizado, ha generado malestar en los funcionarios afectados, quienes exigieron la devolución de los montos retenidos.
En La Pampa, los conflictos internos dentro de LLA también se han visto marcados por denuncias de reparto de cargos en el PAMI y la solicitud de aportes salariales. La disputa por el liderazgo provincial del PAMI ha escalado a la justicia, que impugnó el nombramiento de Juan Pablo Patterer, designado por Karina Milei, devolviendo el control a Luciano Ortiz, el titular original.
Mientras tanto, se ha sumado una tercera línea dentro del partido, encabezada por María Victoria Rambur, que ha denunciado la existencia de una cuenta donde los funcionarios debían depositar el 15% de sus salarios, aunque Julio Jamad, involucrado en la gestión de dicha cuenta, ha negado que los aportes fueran obligatorios.
Este patrón de denuncias se replica en otras provincias como Santa Cruz y Chaco, donde los exfuncionarios del PAMI, como Sergio Torres en Caleta Olivia, han denunciado presiones para realizar aportes partidarios.
Aunque algunos, como Torres, han admitido haber hecho aportes voluntarios, niegan haber obligado a otros empleados a hacerlo. La denuncia subraya un patrón de prácticas cuestionables que parecen extenderse en varias provincias y en distintas delegaciones del PAMI, creando un panorama cada vez más turbio.
El impacto de estas denuncias es grave, no solo por las irregularidades evidentes en el manejo de fondos públicos, sino también por las repercusiones políticas que podrían tener. Las elecciones legislativas del 8 de junio en Misiones, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, podrían verse marcadas por esta creciente crisis, que coloca a La Libertad Avanza en el centro de la controversia política.
La tensión interna dentro del partido, alimentada por acusaciones de corrupción y de uso indebido de los recursos públicos, podría tener un impacto directo en su imagen y en sus resultados electorales.
Ante la gravedad de las denuncias, el PAMI emitió un comunicado en el que prometió auditar internamente las delegaciones y sancionar a los responsables de cualquier irregularidad. Sin embargo, la promesa de investigar y sancionar no logra aplacar la magnitud del escándalo, que pone en evidencia una estructura partidaria que parece haber utilizado el aparato estatal para sus propios fines políticos.
Este escándalo no solo revela el mal uso de los recursos públicos, sino también una profunda crisis ética en el interior de uno de los principales partidos de la oposición.
Mientras la justicia y el PAMI avanzan en las investigaciones, lo que queda claro es que la política, cuando se mezcla con intereses partidarios, pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en los funcionarios que deben velar por el bienestar común.
La situación está lejos de resolverse, y las denuncias siguen acumulándose, lo que deja entrever un complejo entramado de irregularidades y pugnas de poder dentro de la estructura de La Libertad Avanza.
