Es oficial el nuevo régimen de contrataciones en el sector público: ajustes y despidos como premisa
Con estos nuevos decretos, el gobierno de Javier Milei refuerza su apuesta por un ajuste profundo en el sector público, marcando un camino de reducción de personal y contrataciones temporales. Las restricciones en las designaciones, la obligatoriedad de exámenes de idoneidad y la limitación de los contratos a seis meses son las medidas clave del nuevo régimen que se implementará en 2025.
Sin embargo, el impacto de estas decisiones sobre el funcionamiento del Estado y la calidad de los servicios públicos aún está por verse, en un país que atraviesa momentos de alta incertidumbre económica y social.
Las medidas fueron firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de ajuste y reestructuración del Estado. Este martes, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial los Decretos 1148/2024 y 1149/2024, que establecen un nuevo régimen de contrataciones en el sector público con un enfoque claro: la profundización de los recortes y despidos de trabajadores.
Restricciones en las contrataciones
Según los decretos, se impone una fuerte restricción en las designaciones y contrataciones de personal en el sector público, con la prohibición de “las designaciones y contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Sin embargo, el gobierno precisa que existen algunas excepciones a esta norma, como las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, los Guardaparques, y personal que esté comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los hospitales. Además, las designaciones relacionadas con coberturas transitorias de unidades organizativas o cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) también quedan exentas.
El objetivo explícito de esta medida es seguir reduciendo la cantidad de trabajadores en el sector público y limitar al máximo las nuevas contrataciones. La idea central es que, ante cualquier baja de personal en las distintas jurisdicciones, se podrá contratar a un nuevo empleado por cada tres bajas que se registren, independientemente de la causa.
Exámenes de idoneidad obligatorios
Otra de las grandes novedades que trae este régimen es la obligación de que todo trabajador del sector público debe aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias para poder acceder a un puesto de trabajo. Este examen de idoneidad será determinante para la contratación de personal en el futuro, ya que aquellos que no lo aprueben no podrán ser contratados para el ejercicio 2025 si sus contratos exceden el 31 de marzo del próximo año.
De esta manera, el gobierno deja claro que, para poder acceder a nuevos puestos, los empleados deberán demostrar una competencia técnica y profesional evaluada a través de este examen. Además, los contratos de los trabajadores en el sector público no podrán tener una duración superior a los seis meses, en un intento de flexibilizar aún más la contratación y limitar la estabilidad laboral.
El impacto en empresas del Estado
Las medidas adoptadas no se limitan exclusivamente al empleo público. El gobierno de Milei también advirtió que las empresas, sociedades y organizaciones en las que el Estado tiene participación mayoritaria deberán adoptar medidas similares a las impuestas en el ámbito público. Esto implica que las políticas de ajuste también se extenderán a las empresas estatales, promoviendo la reducción de personal y una gestión más austera.
¿Una medida para reducir el déficit o un ataque al empleo público?
Si bien el gobierno justifica estas medidas como parte de su plan para reducir el gasto público y ajustar el aparato estatal, las críticas de sindicatos y opositores no se han hecho esperar. Para muchos, este régimen de contrataciones no solo implica un recorte en el empleo público, sino que también podría debilitar áreas claves del Estado, afectando la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
El ministro Sturzenegger defendió el régimen como una herramienta necesaria para modernizar el Estado y hacer frente al déficit fiscal, pero las medidas se inscriben dentro de un contexto de ajuste que ya ha generado controversias en otros sectores, como en el de la salud y la educación.
