En la puja contra los sindicatos el gobierno intervino cinco obras sociales
En una nueva fase de su estrategia contra los sindicatos, el Gobierno nacional decidió intervenir dos obras sociales adicionales, sumándose a las tres ya intervenidas en las últimas semanas. Las nuevas entidades afectadas son la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) y la Obra Social de Vareadores (OSV).
Esta acción sigue a un reciente revés judicial, cuando el intento de controlar la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA), perteneciente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), fue bloqueado por la Justicia. A pesar de este contratiempo, la administración de Javier Milei continúa su ofensiva, justificada por supuestas irregularidades en los registros y prestaciones de las obras sociales intervenidas.
Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, lidera estas nuevas intervenciones. Oriolo explicó que el objetivo es «reordenar el sistema» y promover la libre competencia, permitiendo que los trabajadores elijan con mayor libertad el destino de sus aportes.
Las resoluciones que oficializan estas intervenciones, publicadas en el Boletín Oficial como resoluciones 1999/2024 y 2000/2024, establecen que Alberto José Curci Castro asumirá la intervención de la OSV, mientras que Martín Esteban Gutiérrez será el administrador provisorio de la OSPM.
Las causas específicas de estas intervenciones incluyen la falta de un equipo interdisciplinario en la OSV, deficiencias en la auditoría de prestadores y la ausencia de informes financieros detallados. En el caso de la OSPM, se denunció la falta de seguimiento y auditorías a beneficiarios, así como retrasos en la entrega de informes financieros desde noviembre de 2021.
Estas acciones siguen a la intervención de la Obra Social del Personal del Fósforo, la de Ladrilleros y la de Ladrilleros a Máquina. Además, el caso de OSPRERA ha generado controversia, con la Justicia ordenando la restitución del control a la UATRE y la apertura de una investigación por presunta asociación ilícita que involucra a funcionarios del Gobierno y a diputados nacionales, incluido el propio Oriolo.
José Voytenco, titular de la UATRE, ha denunciado que estas intervenciones responden a una «intencionalidad política» destinada a debilitar el movimiento obrero y desprestigiarlo frente a la opinión pública.
