El sindicalismo estatal presiona a los gobernadores ante el avance de la flexibilización laboral

La jornada de este jueves se perfila así como una prueba de fuerza para medir la capacidad de cohesión de los gobernadores frente a la presión social de sus territorios.

La resistencia gremial contra el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo nacional entra en una fase de máxima tensión territorial. La Asociación Trabajadores del Estado ha resuelto convocar a una jornada de paro y movilización para este jueves 18 de diciembre, con una estrategia que trasciende la concentración en Plaza de Mayo.

La decisión de replicar las marchas frente a las casas de gobierno de cada provincia marca un cambio de táctica: el foco de presión ya no recae únicamente en la Casa Rosada, sino en los mandatarios provinciales, a quienes la dirigencia sindical señala como responsables directos del destino de la ley en el Congreso.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fundamenta este despliegue federal bajo la premisa de que los gobernadores están actuando contra sus propios intereses al avalar un proyecto que, según su visión, terminará por asfixiar las economías locales y el presupuesto de las provincias. El dirigente ha sido tajante al calificar la propuesta como un retroceso histórico, incluso superior al de periodos no democráticos, denunciando que el texto actual busca instaurar un régimen de disponibilidad absoluta del trabajador. Para el sindicato, la reforma no es una herramienta de creación de empleo, sino un mecanismo de transferencia de poder que despoja al empleado de su autonomía básica.

Los puntos de mayor fricción que movilizan a las bases estatales se centran en la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias y la controvertida posibilidad de abonar la totalidad del salario en especies, como alimentos o vivienda. Aguiar sostiene que estas medidas son «esclavistas e inhumanas», contrastando el rumbo argentino con las tendencias globales de México o España, donde se ha optado por reducir la carga horaria y fortalecer el ingreso mínimo. La crítica apunta a que, bajo esta nueva normativa, la figura del empleador adquiere facultades que vulneran la salud física y mental de los trabajadores bajo una lógica de dominación que el gremio considera incompatible con el sistema democrático.

En el plano estrictamente administrativo, la reforma golpearía a más de 70.000 empleados del Estado nacional bajo la Ley de Contrato de Trabajo, además de profundizar la precariedad a través del uso del monotributo en todos los niveles del sector público.

El diagnóstico de ATE advierte que el ajuste ya es palpable en el interior debido al recorte de transferencias y la parálisis de la obra pública, por lo que el respaldo de los legisladores provinciales a esta reforma representaría, en palabras del sindicato, un golpe final a la estabilidad social de las provincias.