El paro universitario se profundiza y se unirá a trabajadores del Garrahan en Plaza de Mayo
La confluencia de universidades y hospitales en una misma movilización expresa una advertencia más profunda: cuando la educación y la salud son tratadas como variables de ajuste, la crisis deja de ser económica para convertirse en estructural.
El conflicto universitario volvió a las calles y se unirá hoy al reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan en una movilización conjunta hacia la Plaza de Mayo.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otras organizaciones del sector educativo extenderán su paro por 48 horas, ante el incumplimiento del Gobierno de promulgar y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Congreso aprobó con amplia mayoría pero que el Ejecutivo mantiene en suspenso.
La protesta, que se iniciará a las 16 horas, refleja algo más que un desacuerdo administrativo: es la expresión de un creciente malestar social frente a la parálisis institucional que bloquea la implementación de políticas públicas esenciales. Docentes, estudiantes, personal nodocente y trabajadores de la salud confluirán en un mismo reclamo: el Gobierno reconoce formalmente las leyes aprobadas, pero evita su puesta en marcha con argumentos fiscales que dejan sin respuesta a universidades, hospitales y áreas críticas del Estado.
El secretario general de la FAGDUT, Ricardo Mozzi, cuestionó con dureza la actitud oficial: “El silencio del Ejecutivo es una falta de respeto. Senadores y diputados ya aprobaron la ley y rechazaron el veto, ¿qué más necesitan? Mientras tanto, más de la mitad de los docentes universitarios viven por debajo de la línea de pobreza”. La suspensión de clases en las 30 facultades de la UTN y en otras universidades del país es apenas una muestra del alcance de la medida.
El reclamo, que también incluye al Consejo Interuniversitario Nacional, al Frente Sindical Universitario y al personal del Garrahan, busca poner en evidencia el desmantelamiento progresivo del sistema público. Las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario fueron aprobadas con amplio consenso político, pero el Gobierno optó por postergar su ejecución hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, una decisión que en los hechos anula su vigencia.
La marcha de hoy, por tanto, no es solo una protesta gremial, sino un símbolo de resistencia frente a un modelo que redefine las prioridades del Estado. En nombre del equilibrio fiscal, el Ejecutivo deja en espera a sectores que sostienen los pilares del bienestar social.
