El Grupo de Puebla denuncia que la condena a Cristina Kirchner busca su proscripción política

El Grupo de Puebla manifestó su rechazo a la reciente condena judicial contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que se trata de una maniobra con fines políticos destinada a impedir su participación electoral. Así lo afirmó el coordinador ejecutivo del foro, el chileno Marco Enríquez-Ominami, quien sostuvo que «se está repitiendo el mecanismo que vimos en Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil», donde, según dijo, se utilizó el sistema judicial como herramienta de proscripción.

En declaraciones radiales, Enríquez-Ominami subrayó que “el objetivo no es ni la verdad ni la justicia, es proscribir” y denunció el uso del derecho con fines políticos. En este sentido, el dirigente —ex diputado nacional en su país— aseguró que el Grupo de Puebla acompañará “en el plano internacional lo que decida la ex presidenta”, y expresó preocupación por lo que considera una falta de imparcialidad en el sistema judicial argentino.

Según el dirigente chileno, la condena se produjo poco después de que Cristina Kirchner anunciara su intención de competir electoralmente, lo cual interpretó como una señal clara de persecución política. “Fue condenada bajo el precepto de que ella como presidenta no podía no saber lo que ocurría con la obra pública, pero el ministro no está condenado”, señaló.

El Grupo de Puebla, integrado por líderes progresistas de América Latina y Europa, ha adoptado una postura crítica frente a lo que califica como “lawfare” —una estrategia de judicialización de la política para marginar a figuras de izquierda o centroizquierda del ámbito electoral—. En este contexto, Enríquez-Ominami afirmó que el foro está “preocupado, escandalizado y alerta”, y anunció que un equipo de juristas liderado por el ex juez español Baltasar Garzón colaborará con la defensa de la ex presidenta.

La denuncia se enmarca en un clima regional donde varios líderes progresistas han enfrentado procesos judiciales que, según sus defensores, responden más a motivaciones políticas que a fundamentos legales sólidos. La narrativa de la persecución política ha sido una constante en los discursos de figuras como Lula Da Silva, Rafael Correa y Evo Morales, todos ellos miembros activos del Grupo de Puebla.

Por último, Enríquez-Ominami apuntó contra lo que llamó una doble vara de la derecha latinoamericana: “Acusan de cosas atroces a sus adversarios, cuando lo único comprobado es que sus líderes tienen cuentas en Panamá y vínculos con el dinero ilícito”. Con este tipo de declaraciones, el Grupo de Puebla busca instalar la idea de que la lucha judicial contra líderes progresistas responde a intereses políticos que trascienden fronteras nacionales.