El Gobierno restablece retenciones para soja y maíz, mantiene alivio para trigo y cebada
El Gobierno nacional definió este viernes un nuevo esquema de retenciones que impacta de lleno en los principales cultivos de exportación, revirtiendo beneficios fiscales vigentes para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, mientras decide sostener la reducción impositiva para el trigo y la cebada hasta marzo de 2026.
Mediante el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, se prorrogó la alícuota reducida del 9,5% para el trigo y la cebada, una medida valorada por los productores de la región pampeana, que venían reclamando previsibilidad de cara a la próxima campaña.
Sin embargo, la norma confirma la vuelta a los niveles de retención previos para otros cultivos estratégicos. Si el Ejecutivo no dicta un nuevo decreto el próximo lunes, la soja pasará a tributar un 33% —frente al 26% actual—, mientras que el maíz y el sorgo saltarán de 9,5% a 12%, y el girasol volverá al 7% desde el 5,5% vigente.
El decreto también refuerza el esquema de liquidación de divisas, obligando a los exportadores a ingresar al menos el 90% de las divisas obtenidas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Esta medida apunta a reforzar las reservas del Banco Central y evitar maniobras especulativas con la financiación externa.
La decisión de restablecer retenciones más altas para la soja y el maíz se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por equilibrar las cuentas públicas, pero vuelve a tensar la relación con el sector agropecuario, que ya había advertido sobre el impacto de mayores impuestos en un contexto de costos crecientes y clima desfavorable.
La falta de definiciones sobre eventuales compensaciones o incentivos para estos cultivos genera incertidumbre a pocos días del cambio de alícuotas, lo que podría complicar las decisiones comerciales y de siembra de cara a la próxima campaña. Con este movimiento, el Gobierno busca sostener su programa fiscal, aunque arriesga nuevas tensiones con los productores que reclaman señales más claras para planificar su actividad.
