Paritaria de Comercio bajo revisión: el Gobierno evalúa una homologación parcial y recalienta la disputa sindical
En términos políticos y laborales, la medida amenaza con escalar la tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical. Mientras el Ejecutivo busca alinear los acuerdos con su programa económico, los gremios advierten sobre una posible pérdida de autonomía en la negociación colectiva. El desenlace de este conflicto no solo impactará en el sector Comercio, sino que también delineará el equilibrio de fuerzas en el mercado laboral argentino en el corto plazo.
El Gobierno nacional analiza no homologar en su totalidad el reciente acuerdo paritario del sector Comercio, en una decisión que podría redefinir el vínculo con los sindicatos y marcar el pulso de las negociaciones salariales en 2026.
La medida, aún en estudio, apunta a convalidar únicamente los aumentos salariales pactados, dejando afuera otros componentes que el Ejecutivo considera distorsivos dentro de su estrategia económica.
El convenio firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias establece un incremento del 5% en tres tramos —2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio—, junto con un bono extraordinario de $120.000. Sin embargo, las objeciones oficiales no se dirigen al porcentaje de suba, sino a los aportes adicionales incluidos en el acuerdo: el aumento de la cuota solidaria sindical (del 2% al 2,5%) y la suba de la contribución empresaria a la obra social (de $8.000 a $28.000 por trabajador).
Desde la óptica del Gobierno, estos ítems no impactan directamente en el salario de bolsillo, pero sí incrementan de forma significativa los costos laborales para las empresas. En ese marco, la posible homologación parcial aparece como una herramienta para contener lo que considera desvíos respecto de la pauta económica oficial, orientada a evitar presiones adicionales sobre la inflación y el empleo formal.
La decisión no es aislada. Responde a una línea de acción que ya tuvo un antecedente reciente en el caso del gremio de Camioneros, donde el Ejecutivo validó las subas salariales pero rechazó otros puntos del acuerdo vinculados a cargas empresariales. Este patrón sugiere una redefinición del rol estatal en la validación de paritarias, con mayor intervención sobre la “letra chica” de los convenios.
El caso de Comercio adquiere especial relevancia por su magnitud —alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores— y por su carácter de referencia para otras negociaciones. Una homologación parcial podría sentar un precedente que condicione futuros acuerdos y limite la capacidad de los gremios para incluir beneficios indirectos en las paritarias.
