El Gobierno reactiva el caso Milagro Sala y reclama el cumplimiento efectivo de su condena
La presentación refuerza una postura que busca cerrar la excepcionalidad de su prisión domiciliaria y reencuadrar el caso en términos estrictamente judiciales.
El Gobierno volvió a poner en agenda el caso de Milagro Sala al reiterar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su pedido para que la exdirigente social cumpla en una unidad penitenciaria la condena que pesa en su contra por delitos de corrupción.
Sala se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2017, luego de haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, causas vinculadas a su rol como líder de la organización Tupac Amaru. Desde entonces, su situación procesal se convirtió en un símbolo de disputa política, tanto en el plano interno como en el internacional, donde sectores del kirchnerismo y organismos afines la presentan como víctima de persecución judicial.
En un comunicado oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos sostuvo que la exdirigente incumplió las condiciones de su detención domiciliaria al cambiar de domicilio sin autorización judicial, una acción que activó el sistema de monitoreo y derivó en nuevas medidas de control. Para el Gobierno, ese episodio refuerza el argumento de que no se trata de una medida arbitraria sino de la aplicación de reglas vigentes.
El texto oficial cuestiona además la estrategia defensiva de Sala, que calificó las decisiones judiciales como actos de “hostigamiento”. Según el Ejecutivo, esa lectura busca “invertir la carga de los hechos” y construir un relato político que justifique la continuidad de un régimen de detención excepcional.
El nuevo planteo ante la CIDH se inscribe en una redefinición más amplia de la política de derechos humanos del Gobierno, que apunta a desmarcarse de los enfoques predominantes durante los años kirchneristas y a reforzar la idea de igualdad ante la ley. En ese marco, el caso Milagro Sala vuelve a funcionar como un punto de fricción entre justicia, política y organismos internacionales, con un debate que excede largamente la situación individual de la exdirigente jujeña.
