El gobierno profundiza su ajuste ideológico: Cúneo Libarona eliminó 13 programas de género y diversidad

En una nueva señal del rumbo ideológico que impulsa la gestión de Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes el cierre de 13 programas vinculados a políticas de género y diversidad, creados entre 2020 y 2023 durante el gobierno del Frente de Todos.

Según el funcionario, se trata de “programas ideológicos” sin evidencia de impacto, cuyo mantenimiento implicaba “un despilfarro de recursos”.

El listado incluye iniciativas como el Programa Nacional MenstruAR, que promovía el acceso igualitario a insumos de gestión menstrual a través de copas menstruales y productos reutilizables; el Programa IgualAR, orientado a reducir la brecha de género en el empleo; y el Programa Producir, que apoyaba proyectos productivos de mujeres y diversidades en situación de violencia de género.

También fueron eliminadas líneas de capacitación, asistencia inmediata ante violencias extremas y fortalecimiento de organizaciones sociales.

El argumento oficial se sostiene en la necesidad de reducir el gasto público y achicar el Estado. Cúneo Libarona celebró que la eliminación de estos programas “ahorrará más de $6.000 millones por año a los argentinos de bien”, retomando un discurso que tiende a contraponer la noción de ciudadanía con la ampliación de derechos para sectores históricamente excluidos.

Sin embargo, más allá del ahorro fiscal, la decisión revela un trasfondo ideológico: una voluntad explícita de desarticular políticas públicas con enfoque de género, consideradas por el actual gobierno como “ideológicas” o innecesarias. Esta etiqueta, cargada de juicio de valor, busca deslegitimar toda agenda estatal que aborde desigualdades estructurales.

Los programas eliminados no estaban exentos de críticas, principalmente en lo relativo a su ejecución territorial, la fragmentación institucional o la falta de evaluación de impacto. No obstante, su objetivo no era menor: actuar sobre brechas reales y persistentes en materia de violencia, pobreza, exclusión y discriminación por motivos de género.

La eliminación total, sin proceso de revisión técnica pública ni propuestas alternativas, configura un vaciamiento abrupto de políticas públicas que llevaban años de construcción —muchas de ellas, además, alineadas con recomendaciones internacionales en derechos humanos y equidad de género.

En un país donde cada 35 horas se produce un femicidio, y donde la informalidad y el desempleo afectan en mayor proporción a mujeres y personas LGBT+, el recorte no solo es presupuestario, sino también simbólico: implica el retiro del Estado de territorios sensibles, con efectos inmediatos sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La decisión, por tanto, no debe analizarse únicamente como una medida de austeridad. Forma parte de un repliegue más amplio del Estado nacional en materia de derechos sociales y de una narrativa gubernamental que asocia el feminismo y la diversidad con privilegios, gasto superfluo o adoctrinamiento.

En ese marco, lo que se presenta como eficiencia administrativa es también una redefinición ideológica del rol del Estado y de las prioridades públicas. Y, aunque se repita que se “achica el Estado para agrandar la libertad”, para muchos de los colectivos afectados, lo que se agranda es la desigualdad.