El Gobierno privatizó AySA: un consorcio privado pagará US$340 millones
El resultado de este proceso reabre el debate sobre el papel del sector público y privado en la prestación de servicios esenciales y sobre los desafíos para garantizar cobertura, calidad y acceso universal.
El Gobierno nacional avanzó con una de las operaciones más significativas de su programa de privatizaciones al adjudicar el control de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio integrado por las firmas Rowing, Arcos, Transclor y PHX.
La propuesta ganadora alcanzó los US$340,2 millones, casi un 20% superior a la presentada por Roggio ROAS S.A.U., y permitirá la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la empresa, mientras que el 10% restante permanecerá en poder de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La decisión marca el regreso de la compañía encargada de los servicios de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires a la gestión privada, en una operación que el Ejecutivo considera la más importante de su plan de desestatizaciones por el volumen de recursos que ingresarán al Estado.
Además del desembolso inicial, el nuevo operador deberá afrontar un fuerte compromiso de inversiones: US$1.940 millones durante los primeros cinco años de concesión y más de US$15.000 millones a lo largo de los 30 años del contrato, vigente hasta 2056 y con posibilidad de extensión por una década adicional.
El Ministerio de Economía oficializó la adjudicación tras la apertura de las ofertas económicas de la licitación pública nacional e internacional destinada a seleccionar al operador estratégico de AySA. Según el Gobierno, la privatización busca revertir las deficiencias estructurales que, a su criterio, caracterizaron la gestión estatal de la empresa.
En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que entre 2006 y 2023 AySA recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones, aunque una parte importante del área concesionada aún carece de acceso pleno a agua potable y cloacas.
También señaló que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%, que la morosidad aumentó del 4% al 16% y que los costos operativos crecieron un 80%.
El nuevo esquema prevé un plan de obras y mantenimiento para el período 2027-2031, con inversiones equivalentes a $2,89 billones a valores de diciembre de 2025. Los recursos estarán destinados a ampliar redes, renovar infraestructura y mejorar la eficiencia operativa.
Las metas establecidas contemplan elevar la cobertura de agua potable al 75,3% y la de cloacas al 63,9% para 2031. Al término de la concesión, los niveles mínimos deberán alcanzar el 90% y el 75%, respectivamente.
La privatización de AySA se inscribe en la estrategia del Gobierno de reducir la participación estatal en áreas consideradas deficitarias y trasladar al sector privado la responsabilidad de inversión y expansión de los servicios, mientras el Estado conservará funciones de regulación y control.
