El Gobierno extendió hasta 2056 la concesión de los aeropuertos y reavivó las dudas por el vínculo Milei-Eurnekian
La decisión no solo redefine el futuro de los aeropuertos concesionados. También vuelve a poner bajo discusión el alcance de las concesiones privadas sobre activos estratégicos y la necesidad de que acuerdos de tan largo plazo cuenten con condiciones suficientemente transparentes y verificables.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la extensión por tres décadas de la concesión de los principales aeropuertos del país a Aeropuertos Argentina 2000, empresa vinculada al grupo Corporación América, cuyo titular es Eduardo Eurnekian.
La decisión, oficializada mediante la Decisión Administrativa 27/2026, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El nuevo esquema extiende la explotación de las terminales aéreas hasta 2056, cuando el contrato original contemplaba como horizonte el año 2038. La magnitud del plazo convierte a la medida en una decisión de fuerte impacto sobre la administración de la infraestructura aeroportuaria argentina durante las próximas décadas.
El punto más sensible de la resolución no está únicamente en la duración de la concesión, sino también en el vínculo previo entre el actual Presidente y el empresario beneficiado. Milei trabajó durante 13 años en Corporación América, entre 2008 y 2021, donde ocupó distintos cargos vinculados con el análisis económico y financiero.
Precisamente por ese antecedente, el mandatario debió apartarse formalmente de la intervención en el proceso. El Decreto 1074/2026, publicado junto con la decisión administrativa, dejó asentada su excusación y delegó la intervención correspondiente en otras autoridades del Gobierno.
La extensión contractual había sido anticipada por investigaciones periodísticas que señalaron que Aeropuertos Argentina 2000 había solicitado una prórroga extraordinaria para continuar administrando la mayoría de las terminales aéreas del país.
La empresa sostiene que un horizonte contractual más extenso permitiría planificar y ejecutar inversiones de infraestructura con mayor previsibilidad.
Sin embargo, el argumento de las inversiones abre otro interrogante: qué condiciones obtuvo el Estado a cambio de entregar por otros 30 años la explotación de un sector estratégico.
La discusión, por lo tanto, excede la relación personal entre Milei y Eurnekian y alcanza al modelo de concesiones, los mecanismos de control y las obligaciones de inversión que deberán regir durante las próximas décadas.
Actualmente, Aeropuertos Argentina 2000 administra 35 terminales correspondientes a la concesión original, además de otras dos incorporadas posteriormente mediante acuerdos específicos. El nuevo plazo consolida así una posición dominante sobre buena parte de la red aeroportuaria nacional.
La controversia también se alimentó de versiones periodísticas según las cuales funcionarios del actual Gobierno habrían participado de manera reservada en la elaboración del entendimiento que permitió extender la concesión.
Ese aspecto coloca el foco sobre la transparencia del proceso y los criterios utilizados para justificar una decisión de semejante alcance.
Más allá de las posiciones a favor o en contra, la medida plantea una cuestión central de política pública: si el Estado decidió comprometer la explotación de infraestructura aeroportuaria hasta 2056, deberá explicar con precisión qué inversiones, contraprestaciones, controles y beneficios concretos recibirá la sociedad durante ese período.
