El gobierno estaría evaluando vender 40 mil hectáreas del INTA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó lo que se venía anticipando desde los pasillos del poder: el gobierno nacional avanzará con la venta masiva de tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El anuncio no solo marca un nuevo capítulo en el desguace de organismos públicos estratégicos, sino que pone en el centro del debate el rol del Estado en la producción agropecuaria, la soberanía tecnológica y el acceso al suelo como bien común. Según consignó Crónica Política, con más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país, el INTA es uno de los organismos más importantes en materia de investigación, extensión rural y desarrollo agroindustrial de Argentina.

Sturzenegger, sin embargo, minimizó esa función y justificó la venta alegando que “solo 45.000 hectáreas están siendo utilizadas con fines productivos o experimentales”. Lo que no dice el funcionario es que muchas de esas hectáreas no están «abandonadas», sino destinadas a conservación, bancos de germoplasma o prácticas agroecológicas no orientadas al lucro, todas tareas vitales para el desarrollo sustentable del agro nacional.

El mercado primero, la ciencia después

En lugar de reforzar al INTA como herramienta clave para la innovación y el desarrollo productivo, el gobierno nacional opta por poner a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) unas 40.000 hectáreas adicionales —más allá de las 27.000 ya mensuradas— para su remate. Ya no será necesario, como antes, contar con el aval del Consejo Directivo del INTA para avanzar con estas ventas, un mecanismo que garantizaba cierto control institucional y técnico sobre los destinos de estas tierras.

Lo más grave del caso es el trasfondo político-económico: estas tierras, muchas de ellas ubicadas en zonas exclusivas o de alto valor inmobiliario, son codiciadas por un selecto grupo de empresarios con estrechos vínculos con el poder.

Entre ellos figuran Eduardo Elsztain (Grupo IRSA), Eduardo Costantini (Consultatio) y Juan Martín Santagada, quienes ya se disputan los futuros remates. La estrategia del gobierno parece clara: convertir tierra pública con fines científicos en activos financieros, apropiados por capitales concentrados.

El precedente del edificio de Cerviño

El proceso de liquidación ya tuvo un antecedente significativo: a fines de 2024, se remató el histórico edificio de la calle Cerviño, donde funcionaban oficinas clave del INTA. En aquel caso, el gobierno contó con el aval de la Mesa de Enlace, lo que sirvió como cobertura política para avanzar sin mayor conflicto. Ahora, con el nuevo decreto, el Ejecutivo podrá operar sin consultar a los órganos técnicos del instituto. Se consagra así un modelo de administración patrimonial verticalista, sin transparencia, ni participación de la comunidad científica ni del sector productivo nacional.

Un modelo de país sin ciencia, sin tierra y sin futuro

El vaciamiento del INTA no es una medida aislada, sino parte de una lógica más amplia de achicamiento del Estado, mercantilización de lo público y concentración de los recursos estratégicos en pocas manos. En lugar de fortalecer un modelo de desarrollo con base científica y territorial, el gobierno apuesta por liquidar los bienes comunes para alimentar la caja del ajuste o satisfacer demandas de actores inmobiliarios y agrofinancieros.

Esto ocurre, paradójicamente, en un contexto en el que la producción de alimentos, el cambio climático y la disputa por la tierra adquieren dimensiones globales urgentes. Vender activos clave del sistema público de investigación agropecuaria no solo implica un retroceso en términos de soberanía tecnológica, sino también una peligrosa pérdida de capacidad para enfrentar desafíos estratégicos en el futuro.

Lo que el gobierno llama “transformación”, no es más que una privatización silenciosa que favorece a los de siempre y debilita a la ciencia, al agro nacional y al interés público. Y cuando las tierras del INTA estén en manos de desarrolladores privados, será demasiado tarde para hablar de planificación o de modelo productivo inclusivo. La transformación ya estará hecha. Pero no será para todos.