El Gobierno disuelve unidad investigadora del caso $LIBRA y siembra dudas sobre la transparencia oficial

Pese al escándalo, la falta de informes públicos y el desinterés por rendir cuentas avivan sospechas sobre el rol del presidente Milei en la promoción de la cripto que arrastró a decenas de inversores a pérdidas millonarias.

La decisión del Gobierno de disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada específicamente para esclarecer los hechos en torno al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, marca un giro preocupante en un caso que sigue generando incertidumbre social, política y judicial. La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, en un contexto de creciente resistencia del Ejecutivo a rendir cuentas sobre el episodio.

La UTI había sido creada en febrero tras la polémica publicación del presidente Milei en la red social X, donde promocionó públicamente el criptoactivo $LIBRA. Poco después, la moneda sufrió un colapso abrupto atribuido a una maniobra de rug pull, que generó pérdidas millonarias a quienes confiaron en la palabra del mandatario. El episodio no solo encendió alarmas por una posible estafa, sino que implicó al entorno más cercano del presidente, incluidos su hermana Karina Milei y varios empresarios cripto con acceso privilegiado al poder.

Desde el Ministerio de Justicia sostienen que la UTI “cumplió su tarea” y que toda la información fue elevada al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han publicado informes oficiales que permitan conocer el alcance real de lo investigado. Tampoco se ha brindado explicación alguna sobre las razones de fondo para cerrar un órgano que, por su diseño, debía actuar como bisagra institucional entre el Ejecutivo, la Justicia y los damnificados. Más preocupante aún es el hecho de que la investigación se mantenga parcialmente en reserva, sin acceso a detalles clave como la identidad de los desarrolladores de $LIBRA o posibles vínculos financieros con miembros del Gobierno.

El cierre de la unidad se produce en paralelo al desplante de Cúneo Libarona ante la Cámara de Diputados, que lo citó para explicar el avance del caso. Es la segunda vez que el ministro ignora una convocatoria institucional sobre este tema. A su ausencia se sumó la de Karina Milei, quien también fue citada, sin presentarse ni enviar representante legal.

La causa judicial, actualmente en manos de la jueza federal María Servini, sigue su curso. La magistrada ha ordenado medidas sobre el patrimonio y las operaciones financieras del presidente y su hermana, así como de tres empresarios señalados como nexos entre el Gobierno y los desarrolladores de la criptomoneda. Mientras tanto, también avanza una demanda civil millonaria promovida por un grupo de damnificados, que intentó iniciar una mediación obligatoria la semana pasada sin éxito: ninguno de los citados, incluido el presidente, se presentó ni envió abogado.

Análisis crítico: el riesgo de la impunidad digital

La disolución de la UTI, lejos de cerrar un capítulo, deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué el Gobierno decide desactivar un cuerpo creado apenas tres meses atrás para investigar un escándalo de alcance internacional? ¿Qué hay detrás de la resistencia sistemática de los funcionarios a comparecer ante el Congreso o la Justicia? ¿Por qué no hay acceso público a los resultados de una investigación que involucra fondos de ciudadanos y posibles delitos financieros?

En un contexto donde la confianza en las instituciones democráticas atraviesa una de sus mayores crisis, la falta de transparencia no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que perpetúa un modelo de impunidad en el que los funcionarios parecen operar con total desinterés por las consecuencias sociales de sus actos. Promover inversiones en activos financieros no regulados desde cuentas oficiales debería implicar responsabilidades concretas. La inacción institucional, en cambio, sugiere un intento de desviar la atención y proteger a los involucrados.

Cerrar la UTI sin rendir cuentas puede interpretarse como una señal clara: el Gobierno no está dispuesto a que se conozca toda la verdad sobre el caso $LIBRA. Una postura peligrosa que, de sostenerse, podría sentar un precedente oscuro sobre la rendición de cuentas en la era de la influencia digital.