El Gobierno desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer

Este recorte, que suspende las compras de opioides como la morfina y la metadona, así como la reducción drástica de personal calificado, deja a miles de argentinos sin el alivio necesario para soportar el dolor severo asociado a la enfermedad.

La reciente decisión del Gobierno nacional de desmantelar el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) representa un retroceso alarmante en la atención de los pacientes con cáncer, quienes ya atraviesan una de las etapas más difíciles de sus vidas.

Mariana Pechenik, médica y referente del área, expresó con angustia que «los cuidados paliativos argentinos estamos de luto», un lamento que resuena como una denuncia pública sobre las consecuencias de esta decisión. El programa no solo brindaba atención directa a los pacientes, sino que también formaba a profesionales mediante becas y cursos, asegurando la capacitación de un recurso humano altamente calificado en cuidados paliativos. A través de esta iniciativa, el INC había logrado llegar a las provincias más vulnerables, proporcionando apoyo y medicación a las regiones más pobres del país. Hoy, todo eso ha sido desmantelado bajo la excusa de recortes presupuestarios.

El impacto es claro: con la suspensión de los tratamientos y la reducción de personal, más personas no recibirán el alivio del dolor que tanto necesitan. La medida afecta de forma directa a pacientes con cáncer, que, como bien señala Pechenik, no solo enfrentan el sufrimiento físico, sino también la falta de apoyo adecuado en su lucha contra la enfermedad. Las víctimas de esta política no solo son los pacientes, sino también los profesionales comprometidos con el bienestar de la comunidad, quienes ven con impotencia cómo su trabajo es desvalorizado.

La denuncia de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) sobre la interrupción de la entrega de medicamentos oncológicos es igualmente alarmante. Según las organizaciones de salud, al menos 60 muertes pueden atribuirse a la falta de respuesta del Gobierno en relación con la provisión de medicación esencial. Este es un precio demasiado alto por una «reestructuración» que no ha sido suficientemente justificada, y cuyas consecuencias fatales demuestran la desidia del Estado frente a las necesidades de su población.

Es innegable que esta política nacional constituye un grave desatino, no solo en términos de gestión de recursos, sino también en cuanto a la vulneración de derechos humanos fundamentales. El acceso a cuidados paliativos adecuados es una cuestión de dignidad, y el Gobierno ha mostrado una falta de compromiso con los sectores más vulnerables al priorizar recortes presupuestarios sobre la vida y el bienestar de sus ciudadanos.

El desmantelamiento de este programa refleja una visión a corto plazo que ignora las necesidades urgentes de la salud pública y, lo que es peor, agrava la situación de quienes ya se encuentran en una batalla desesperada por su salud. El Gobierno, en lugar de ofrecer soluciones que fortalezcan la atención de calidad, ha decidido recortar recursos fundamentales para la vida de miles de personas, ignorando la importancia de un sistema de salud inclusivo, accesible y humano.