El Gobierno avanza con el desguace de la secretaría de Trabajo: crece la incertidumbre laboral

En realidad lo que se plantea no es solo un recorte administrativo: es una reconfiguración ideológica del rol del Estado en el mundo del trabajo. El desguace de la Secretaría de Trabajo —una institución que desde el retorno democrático ha sido clave en la protección del empleo y la negociación colectiva— marca un cambio de época, donde el mercado pasa a ocupar el lugar del árbitro social y los derechos laborales corren el riesgo de convertirse en bienes negociables.

El Gobierno nacional activó los engranajes de un proceso de desmantelamiento sin precedentes en la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, en el marco de la ofensiva libertaria para reducir el Estado a su mínima expresión.

ajo la conducción técnica del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, el plan contempla la fragmentación total del organismo, el traslado de funciones clave y el cierre de oficinas regionales, dejando en el aire no solo cientos de puestos laborales, sino también la institucionalidad misma de la política laboral en la Argentina.

El operativo, que comenzó de manera silenciosa hace seis meses, consistió en una auditoría interna minuciosa: entrevistas individuales al personal, revisión estructural y análisis de funciones. Ahora se inicia la fase activa del “ajuste fino” que promete el vaciamiento de áreas estratégicas como negociaciones colectivas, memoria y balances e inspecciones laborales.

La gravedad del proyecto no reside solo en la reducción de personal, sino en la redefinición de roles institucionales. Por ejemplo, las funciones de control y fiscalización —una de las principales herramientas del Estado para garantizar condiciones laborales dignas— podrían quedar delegadas a escribanos mediante un sistema digital, un modelo que preocupa por su opacidad y falta de independencia técnica.

A esto se suma el corrimiento de áreas vitales hacia la órbita del Ministerio de Economía, como si la política laboral pudiera desarticularse de su especificidad técnica y social para subordinarse a la lógica contable del ajuste fiscal. Así, la Secretaría de Trabajo corre el riesgo de transformarse en una oficina residual sin capacidad de negociación, inspección ni representación territorial.

La posibilidad de cerrar oficinas en el interior del país, como ya ocurrió en otros organismos como Aerolíneas Argentinas, implica un grave retroceso para la presencia federal del Estado y un debilitamiento del acceso a derechos para miles de trabajadores en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El gremio que representa a los empleados del área aún no ha lanzado medidas formales, pero el clima en los pasillos de la Secretaría es de tensión máxima, con rumores de despidos y traslados forzosos que siembran miedo e incertidumbre. Las primeras alertas ya comenzaron a sonar en el sector sindical, que observa con preocupación el avance de una estrategia que no solo amenaza fuentes de trabajo, sino que erosiona pilares esenciales del sistema de relaciones laborales argentino.