Comercio: el gremio rechaza la injerencia del Gobierno en su paritaria y activa estado de alerta
El enfrentamiento entre el sindicato de Comercio y el Gobierno pone de relieve las tensiones de un modelo económico que intenta controlar la inflación sin una estrategia integral de recomposición salarial. Lo que está en juego no es solo un aumento, sino el equilibrio mismo entre capital y trabajo en un contexto de creciente conflictividad social y deterioro del ingreso real.
El Sindicato de Comercio, el más numeroso del país, encendió las alarmas tras la negativa de algunos supermercados a cumplir el acuerdo salarial de abril.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri, se declaró en «estado de alerta» y denunció una intervención directa del Gobierno nacional en el normal desarrollo de las negociaciones paritarias, una práctica que, de consolidarse, podría marcar un retroceso institucional y debilitar el sistema de negociación colectiva.
El conflicto se desató luego de que supermercados y grandes empleadores del sector decidieran no aplicar el aumento salarial acordado el 29 de abril entre el gremio y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca, bajo el argumento de que el acuerdo no fue aún homologado por la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, el mismo convenio contiene una cláusula explícita que obliga a las empresas a pagar los incrementos como “anticipo a cuenta” incluso si la homologación está pendiente.
El sindicato salió al cruce con firmeza. “Estamos en estado de alerta. Instruimos a nuestras filiales a realizar asambleas y a garantizar que los aumentos se paguen tal como se acordó”, expresaron desde FAECYS en un comunicado. La conducción sindical entiende que el Ejecutivo está ejerciendo una presión ilegítima para frenar la recomposición de ingresos en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.
En el fondo del conflicto subyace una disputa más profunda: el modelo de relaciones laborales que impulsa el Gobierno libertario, que prioriza el control de costos empresariales —incluidos los salariales— como ancla contra la inflación, aún si esto implica debilitar el marco legal de las paritarias. La estrategia oficial de postergar o evitar homologaciones ha generado tensiones con distintos gremios, pero el caso de Comercio es paradigmático por su volumen y su impacto nacional.
El acuerdo suspendido preveía un aumento del 5,4% escalonado, junto con tres pagos no remunerativos, en línea con la inflación acumulada del primer trimestre. Su incumplimiento no solo afecta el bolsillo de más de un millón de trabajadores, sino que sienta un precedente delicado para otros sectores en plena negociación.
“La cláusula décima del acuerdo es clarísima. Las empresas deben pagar aunque falte la homologación. El incumplimiento no tiene sustento legal”, explicó una fuente del sindicato. Por eso, FAECYS ya envió cartas documento a las cámaras empresarias exigiendo el pago inmediato de los incrementos pactados.
El conflicto revela una pulseada clave sobre la vigencia efectiva de la negociación colectiva en tiempos de ajuste. El Estado, lejos de funcionar como árbitro, aparece ahora como actor con intereses propios, que podrían estar alineados con el objetivo de congelar salarios para sostener un esquema de desaceleración de precios basado en el enfriamiento de la demanda interna.
