El Gobierno autorizó al Ejército y a la Armada a detener civiles en la frontera norte
La operación, bautizada como “Operativo Roca”, formalizada a través del Decreto 1112/2024, refuerza la militarización de áreas rurales críticas y genera un profundo debate sobre los límites del rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.
En una medida que marca un antes y un después en la política de seguridad fronteriza, el Gobierno nacional habilitó al Ejército y la Armada a movilizarse a la frontera norte y a detener civiles de manera transitoria en casos de delitos flagrantes.
Respaldado por la Ley de Defensa Nacional y complementado con instrumentos legales de Seguridad Interior, el despliegue implica la presencia de más de 10.000 efectivos del Ejército, de los cuales 1.300 permanecerán de forma permanente en zonas alejadas de centros urbanos y pasos fronterizos oficiales. Allí actuarán en tareas de vigilancia y control utilizando drones, radares, helicópteros y aeronaves de reconocimiento.
Un modelo de frontera militarizada
La operación, impulsada por el ministro de Defensa Luis Petri y respaldada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, apunta a recuperar el control estatal en territorios donde, según el Gobierno, las bandas delictivas y el narcotráfico han ganado terreno. «Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales», sentenció Bullrich durante un acto en Tartagal, reforzando una narrativa de «guerra total» contra el crimen organizado.
Sin embargo, el permiso para que efectivos militares puedan detener civiles plantea interrogantes sensibles. Históricamente, las fuerzas armadas en democracia han tenido restricciones estrictas para actuar en cuestiones de seguridad interior, justamente para evitar confusiones de roles y potenciales abusos, una lección aprendida tras las heridas de la última dictadura militar.
Aunque el Gobierno insiste en que los militares solo actuarán en flagrancia y bajo estrictas «Reglas de Empeñamiento» —cuyo contenido se mantiene reservado—, la línea divisoria entre defensa nacional y seguridad interior se vuelve, al menos, difusa. La vigilancia a través de radares, drones y patrullajes aéreos busca construir un «corredor seguro», pero también introduce un modelo de frontera donde el Estado apuesta a la presencia militar activa como principal respuesta.
¿Seguridad o riesgo de militarización?
El Operativo Roca y el Plan Güemes, complementarios entre sí, representan un giro estratégico que prioriza la securitización de la frontera norte ante el creciente tráfico ilegal y las redes de contrabando. Según el Gobierno, la cooperación con Bolivia en el monitoreo aéreo será clave para cortar rutas clandestinas, mientras que las fuerzas desplegadas actuarán como disuasión frente a delitos transnacionales.
No obstante, especialistas en derechos humanos y seguridad advierten sobre los riesgos de habilitar atribuciones policiales a las Fuerzas Armadas. «El desafío será mantener los controles democráticos sobre el accionar militar para evitar que el remedio no sea peor que la enfermedad», señalan fuentes del ámbito académico.
En definitiva, el avance de la «doctrina Roca» en el norte argentino expone una apuesta audaz del Gobierno Milei: militarizar la frontera como símbolo de autoridad estatal frente al crimen. La eficacia de la medida —y sus eventuales costos institucionales— será puesta a prueba en los meses que vienen.
