La investigación patrimonial sobre Adorni incorpora documentos por pagos de US$245 mil en obras
La causa judicial que investiga el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra y remodelación de inmuebles registró un nuevo avance luego de que el fiscal Gerardo Pollicita corroborara que la documentación presentada por el contratista Matías Tabar coincide con los 245 mil dólares que el empresario aseguró haber cobrado por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Según trascendió de la investigación, Tabar se presentó de manera voluntaria ante los tribunales de Comodoro Py y aportó comprobantes de compra de materiales, gastos de obra y pagos de mano de obra vinculados a la remodelación.
La fiscalía considera que los documentos respaldan el monto mencionado previamente por el contratista y podrían convertirse en una pieza clave para reconstruir la dimensión económica de las obras.
El eje de la causa no se limita únicamente a las reformas realizadas en la propiedad, sino que apunta a determinar si los gastos afrontados por Adorni son compatibles con los ingresos declarados en su patrimonio. En ese marco, cobra relevancia la modalidad de pago descripta por el empresario, quien aseguró que los desembolsos fueron efectuados en efectivo y sin facturación formal, una práctica que suele despertar alertas en investigaciones vinculadas a trazabilidad financiera y control fiscal.
De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, las obras se extendieron durante casi diez meses e incluyeron intervenciones estructurales y de acondicionamiento en distintos sectores de la vivienda, desde baños y cocina hasta el quincho y la pileta. Tabar sostuvo además que el funcionario habría abonado una primera parte del proyecto en 2024 y completado el resto durante 2025, en pagos sucesivos realizados en dólares.
Otro aspecto que generó interés entre los investigadores es el presunto alquiler de otra propiedad dentro del mismo country mientras avanzaban las remodelaciones, un gasto adicional que, según el contratista, habría rondado los 13 mil dólares. Para la Justicia, este tipo de movimientos económicos podría ayudar a establecer el nivel real de erogaciones afrontadas durante ese período.
La entrega del teléfono celular del empresario y la identificación de albañiles, electricistas y plomeros que participaron de los trabajos también podrían abrir nuevas líneas de verificación sobre la ejecución de la obra y el circuito de pagos. En términos políticos, el avance del expediente vuelve a colocar bajo análisis público la transparencia patrimonial de funcionarios del Gobierno y la necesidad de controles más estrictos sobre la evolución de bienes y gastos de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad institucional.
