El Ejecutivo apeló a la Corte Suprema para sortear el freno judicial a la reforma laboral
El Gobierno denuncia arbitrariedad en el fallo inicial, al considerar que se apoya en argumentos débiles y omite analizar en profundidad la posición oficial. La definición ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si interviene de forma directa en un caso que combina urgencia política, disputa institucional y alto impacto social.
En un nuevo capítulo de tensión entre poderes, el Gobierno nacional decidió acudir directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de per saltum con el objetivo de reactivar la reforma laboral sancionada por el Congreso, cuya aplicación quedó parcialmente suspendida por decisión judicial.
La presentación, impulsada por la Procuración del Tesoro, busca acelerar los tiempos procesales luego de que un juzgado laboral dictara una medida cautelar que dejó en pausa más de 80 artículos considerados centrales dentro del paquete de cambios. La resolución había sido solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestiona la constitucionalidad de varios puntos de la norma.
Desde el Ejecutivo sostienen que el fallo judicial constituye una extralimitación de funciones, al intervenir sobre una ley vigente sin fundamentos suficientes ni un caso concreto que demuestre perjuicio. En esa línea, argumentan que se afecta el equilibrio entre poderes al bloquear una decisión legislativa de alcance general.
El documento oficial también pone en duda la legitimidad del planteo sindical, al considerar que la impugnación se realizó de manera genérica, sin acreditar daños específicos derivados de la aplicación de la ley. Para el Gobierno, la sola vigencia de la normativa no justifica la intervención judicial preventiva.
Entre los aspectos suspendidos se encuentran modificaciones en el régimen de indemnizaciones, nuevas formas de contratación laboral, la implementación de bancos de horas y restricciones a los aportes sindicales. Desde la CGT, en cambio, aseguran que estas medidas vulneran derechos protegidos por la Constitución, especialmente en lo relativo a garantías laborales.
El juez laboral que dictó la cautelar defendió su decisión calificándola como una respuesta excepcional ante una situación igualmente extraordinaria. Sin embargo, en paralelo, otra instancia judicial resolvió que el expediente sea derivado al fuero contencioso administrativo federal, al entender que el conflicto involucra directamente al Estado.
