El desempleo acecha: crece la conflictividad laboral y se proyecta una desocupación de dos dígitos en pleno avance del ajuste

Mientras el Gobierno nacional celebra ajustes presupuestarios y promueve reformas laborales regresivas, el mercado laboral argentino comienza a crujir bajo el peso de la recesión, los despidos y el avance de la precarización.

La protesta de los trabajadores de Georgalos, que cortaron la Panamericana en reclamo por despidos arbitrarios y deterioro de las condiciones laborales, no es un hecho aislado: es el síntoma visible de una crisis estructural que amenaza con llevar la desocupación a niveles de dos dígitos, algo que no ocurre desde 2006.

El conflicto en la empresa alimenticia, fabricante del tradicional Mantecol, estalló tras la modificación unilateral de las condiciones de producción: menos operarios por máquina, mayor carga laboral, reducción de salarios por productividad y cinco despidos dirigidos a referentes sindicales.

Todo esto en violación directa a una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. “Pasamos de seis operarios por máquina a cinco, con el doble de producción. Hicimos un paro y nos respondieron con cesantías”, denunció el delegado Maximiliano Montero.

La empresa se mantiene en la ilegalidad, negando el ingreso de los despedidos, rechazando intimaciones oficiales y profundizando una política de “flexibilización encubierta”. A esto se suma el intento de eliminar bonificaciones por productividad y una nueva ola de tensiones gremiales.

El sindicato de la alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, anticipó que acompañará el plan de lucha hasta la reincorporación total de los cesanteados.

Pero más allá del caso Georgalos, lo que emerge es un deterioro generalizado del empleo en la Argentina. Según un informe del Centro CIFRA, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 se perdieron 182.000 empleos registrados, con un golpe especialmente duro sobre la industria y la construcción, que explican el 80% de la caída. Este retroceso en el empleo formal no solo debilita la economía: amplía el espectro de la pobreza y erosiona el consumo interno.

De hecho, la tasa de desocupación ya subió del 5,7% al 6,4% en apenas un trimestre y todo indica que, al cierre del primer semestre, rozará los dos dígitos. Se sumaron 178.000 nuevos desocupados, la subocupación creció en 215.000 personas y casi 300.000 trabajadores ocupados comenzaron a buscar otro empleo ante ingresos insuficientes o condiciones laborales degradadas. La Argentina camina hacia un escenario de desempleo estructural, incluso en sectores históricamente “blindados” como alimentos o servicios esenciales.

En paralelo, el Ejecutivo avanza con una reforma laboral de facto, a través del Fondo de Cese Laboral, una cláusula incluida en el DNU 70/2023 y la Ley Bases, que sustituye la indemnización tradicional por un sistema de ahorro previo administrado por fideicomisos. Este mecanismo, aunque no alcanzado por las cautelares contra el capítulo laboral, abre la puerta a despidos más fáciles y baratos para las empresas, profundizando la inseguridad laboral.

La Comisión Nacional de Valores habilitó esta semana el nuevo régimen de inversión para esos fondos, que podrán ser administrados por convenios colectivos pero bajo un marco financiero y privado. Es decir, el destino del derecho a la indemnización queda atado al comportamiento de fondos comunes de inversión. Una decisión que, lejos de proteger al trabajador, lo somete a la lógica especulativa del mercado financiero.

El modelo económico en curso no solo desregula y ajusta: disuelve derechos fundamentales. La pérdida de empleos, el avance de reformas flexibilizadoras y la inacción estatal frente a despidos ilegales, constituyen un combo explosivo que combina recesión, malestar social y creciente conflictividad laboral.

A medida que crecen los cortes, las huelgas y las asambleas en todo el país, la pregunta que se impone es si el Gobierno está dispuesto a escuchar las señales de alerta. Porque detrás de cada estadística de desempleo hay una familia, una olla vacía y una historia de frustración.

El “mercado” no da trabajo: es la política la que decide si proteger o abandonar a los trabajadores. Y en la Argentina de hoy, el abandono parece ser el único plan en marcha.